https://oveprisiones.com/wp-content/uploads/2020/06/infogrAFIa_CALABOZOS-2019.pdf
No es una novedad que los calabozos de los centros de detención policial en Venezuela están peligrosamente abarrotados. Según lo estipulado por la ley venezolana, las personas privadas de libertad deben permanecer un máximo de 48 horas en estos recintos, pero la realidad es que duran años e incluso cumplen sus condenas allí.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios no autoriza los traslados a las cárceles, lo que ha contribuido a que el sistema colapse de tal manera que en un área con capacidad instalada para 20 personas, actualmente sobreviven más de 100 presos en condiciones inhumanas y en flagrante violación a sus derechos humanos.
Como podría preverse, los problemas de las cárceles se han trasladado a los centros de detención policial, hay armas dentro de las celdas e incluso se han constituido “pranatos” o liderazgos negativos.
Durante el 2019 la violencia aumentó dentro de los calabozos, las riñas o ajustes de cuentas entre internos fueron la principal causa de muerte, seguido por intentos de fuga que culminaron en presuntos enfrentamientos.
Según los registros del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), 191 privados de libertad fallecieron dentro de calabozos policiales en 2019, 104 de ellos en hechos violentos; mientras que otros 128 resultaron heridos.
Uno de los hechos más trágicos del 2019 ocurrió en los calabozos de PoliPaez en el estado Portuguesa, donde asesinaron a 30 reclusos tras varios días de protesta. En ese momento, los familiares denunciaron la participación de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), quienes presuntamente dispararon contra la población penal con la excusa de retomar el control.
Otro incidente de violencia ocurrió en el estado Lara, cuando se registró la fuga de 12 reclusos en una comandancia de la policía estadal en Río Claro. Durante el hecho localizaron a tres mujeres que efectuaban visita conyugal, lo que está prohibido en éste tipo de recintos; asesinaron a una funcionaria policial y posteriormente, durante los operativos de búsqueda, al menos nueve presos fueron asesinados.
Fue en esta oportunidad cuando el equipo del OVP denunció la presunta corrupción en este centro policial, donde supuestamente cobraban en dólares para permitir el ingreso de alimentos, visitas e incluso las fugas.
Por otra parte en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Boleíta o conocido como Zona 7 en el estado Miranda, se registraron varios motines y protestas, siendo uno de los últimos el más violento, en donde decapitaron a un recluso. Este recinto es considerado una de las comandancias que alberga más personas recluidas para ese momento el número superaba los mil reos.
En 2019 murieron 87 presos por condiciones de salud en los centros de detención policial, siendo la tuberculosis y desnutrición las principales causas de muerte.
Asimismo, cabe destacar que la alimentación de cada privado de libertad en estos calabozos está a cargo de sus familiares y, aunque comen mejor que los internos de las cárceles, no todos reciben alimentos a diario. Según los deudos, muchos no tienen la posibilidad de comprar comida y mucho menos tienen recursos para trasladarse hasta las comisarías, por lo que entre 60 y 80 % de los reos se ven afectados severamente por la crisis económica que azota al país.
Con respecto a las fugas, 449 presos lograron evadirse de los centros de detención policial; mientras que 2.496 se unieron a huelgas de hambre y 554 a huelgas de sangre, en señal de protesta por el hacinamiento, traslados y cese de los maltratos de los que son víctimas con frecuencia.
La directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, Carolina Girón, manifestó su preocupación ante la gravedad de estos hechos violentos ocurridos en 2019 y al respecto resaltó que resulta inaudito, además de ilegal, que un detenido permanezca en un calabozo policial hasta cinco años, incluso cuando ya ha recibido su condena.
“Los calabozos no son sitios de reclusión, no tienen espacios para el esparcimiento y ni siquiera tienen acceso al sol, a la luz del día. Muchos tienen que dormir de pie o se las arreglan como pueden porque sencillamente ya no hay espacio ni para un alfiler”, sentenció Girón.
En tanto, la directora de esta organización no gubernamental recordó que los funcionarios policiales no fueron formados para cumplir labores de custodia penitenciaria, sino para resguardo y defensa de la población civil.
En ese sentido, hizo un llamado al Estado venezolano, para que a través de sus instituciones como el poder judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo aboguen por el traslado de los presos a internados judiciales, en primer lugar para garantizar los derechos humanos de los privados de libertad y en segundo lugar para erradicar el crecimiento de estas “cárceles paralelas” en todo el territorio nacional.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
