Audiencias diferidas, juicios interrumpidos, procesos inconclusos mantienen tras las rejas a los presos más tiempo de lo debido. Es por esta razón que familiares y privados de libertad se comunicaron con el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) del estado Táchira para denunciar su situación, misma que padecen la mayoría de los presos venezolanos que están en las cárceles y calabozos de nuestro país.
Por su parte, los abogados del equipo de OVP manifestaron que esta situación se está haciendo “costumbre” y explicaron que en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 340, expresa: “Cuando el experto o experta, o testigo oportunamente citado o citada no haya comparecido, el Juez o Jueza ordenará que sea conducido por medio de la fuerza pública, y solicitará a quien lo propuso que colabore con la diligencia.
Se podrá suspender el juicio por esta causa una vez conforme a lo previsto para las suspensiones, y si el o la testigo no concurren al segundo llamado o no pudo ser localizado para su conducción por la fuerza pública el juicio continuará prescindiendo de esa prueba”.
En tanto, los abogados agregaron que este artículo no es respetado, pues simplemente las audiencias de juicios son suspendidas, una y otra vez, y tampoco se hace el esfuerzo de buscar a los funcionarios. Asimismo indicaron que han recibido denuncias de personas que están en penales y calabozos que su tiempo excede su condena y tampoco son tomados en cuenta por los tribunales de ejecución.
Esta situación genera retardo procesal, que según registros del OVP para el 2021 se posiciona en un 70 %, es decir que de cada que de cada 10 casos 7 no fueron revisados, situación que fue analizada en el informe de la organización.
Carolina Girón, directora del OVP, señaló que el 54% de la población penitenciaria de Venezuela está en condición de procesados, lo que se traduce que aún existe la presunción de su inocencia.
Explicó además que estos presos que no poseen una sentencia firme no pueden optar por los beneficios que le otorga la ley. Para la defensora de DDHH todas estas situaciones son consecuencia de una “desidia del poder judicial y se presentan por la falta de independencia judicial y la corrupción”.
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Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
