A finales del año 2023 intervinieron un total de siete recintos penitenciarios, y trasladaron a 8.016 privados de libertad a diversas entidades del territorio nacional.
Según datos recabados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), para el primer trimestre del año 2024 son al menos 30 mil personas privadas de libertad que sobreviven a un hacinamiento de 184.84%, lo cual se considera en riesgo crítico conforme a los estándares internacionales.
“La cifra de hacinamiento es mayor si se evalúan los centros carcelarios de manera individual”, destacó Humberto Prado, director del OVP, quien añadió que esto se debe a que existen disparidades en la distribución de personas privadas de libertad, de acuerdo al número de plazas. Mientras que unos tienen mayor capacidad y menor población, otros están abarrotados debido a una distribución desigual.
“Hay alrededor de 18 centros inhabilitados, los cierran diciendo que los van a reparar y tienen años cerrados. Incluso, podemos señalar uno emblemático, que es la Penitenciaría General de Venezuela, cerrado y con personas que han enterrado dentro de esa cárcel, y hay investigaciones que deben realizarse, pero las autoridades las mantienen paralizadas porque no se quieren encontrar con lo que ya ellos en una oportunidad encontraron, de una tumba colectiva de más de 16 personas privadas de libertad enterradas en la PGV. En ese mismo centro se encuentra Francisco Guerrero, que tiene una decisión del Comité contra la Tortura contra Venezuela para que busque su cadáver”, afirmó el defensor de derechos humanos.
Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando en Venezuela con las personas privadas de libertad? Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) conversamos con presos, familiares y además hacemos un monitoreo constante de lo que sucede en los recintos carcelarios, por lo que pudimos constatar que, más allá de los padecimientos diarios por la escasa alimentación y la nula atención médica, entre otras vicisitudes, son miles los presos y sus familiares que agonizan tras ser trasladados lejos de casa.
En nuestro informe “El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos” se abordan los traslados de las personas privadas de libertad desde un enfoque basado en los derechos humanos, considerando que dichos actos de movilización pueden tener consecuencias directas en el debido proceso, protecciones y garantías judiciales, legalidad, integridad personal e incluso pudieran afectar los vínculos familiares y/o contacto con el mundo exterior.
En ese sentido, pudimos constatar que en Venezuela los presos son recluidos sin considerar la cercanía de su núcleo familiar, e incluso lejos de los tribunales que llevan sus causas. Como consecuencia de ello, los familiares deben trasladarse a varios kilómetros de distancia y tomar diferentes rutas para dirigirse al centro de reclusión.
Por ejemplo, el traslado de un familiar desde el estado Bolívar hasta Táchira implica recorrer 1.573 kilómetros, lo que se traduce en más de 23 horas de camino. Estas movilizaciones implican un gran costo económico para el familiar, quien en dicho viaje gasta hasta 182 dólares ida y vuelta solo en transporte, sin contabilizar la comida, estadía y lo que se invirtió para llevar insumos al recluso.
“Los montos calculados no incluyen ni la pernocta, ni la alimentación ni la paquetería. Por ejemplo, en el Dorado no es solo el viaje, sino que cuando llegan tienen que alquilar una Curiara para atravesar el Río Cuyuní, y esa persona cuando llega, tiene que pernoctar para ir al día siguiente al establecimiento, teniendo, además, que cocinar la comida que le va a llevar a su ser querido”, añadió Prado.
Aunado a esto, las personas que pueden visitar a los presos deben ser familiares directos, principalmente madres y esposas, pero en su mayoría son las madres quienes se encargan de esta fatídica tarea. Además, la situación económica de muchos familiares no les permite realizar estos gastos ni siquiera de forma mensual, por lo que miles de presos son abandonados a su suerte.
Para este informe también nos encontramos con que las formas como se hacen los traslados incumplen con las normativas de seguridad, pues existe poco personal y los vehículos usados para los traslados no están en óptimas condiciones.
Desde OVP hemos documentado cómo los presos son trasladados a discreción de las autoridades, quienes usan este recurso para amenazar o como forma de castigo. ”La persona va a la cárcel no para que usted haga lo que le da la gana con la persona, sino para que le dé las herramientas necesarias para su reinserción. Para que en su reclusión aproveche el tiempo para el estudio, deporte, trabajo y cuando salga a la calle, lo haga con una profesión, por ejemplo, como latonero”, aseveró.
Por si fuera poco, cuando se realiza el traslado, el Ministerio de Servicio Penitenciario no suministra información al detenido, a sus familiares, a los abogados defensores y ni siquiera al tribunal que lleva la causa, violentando así la legislación nacional.
Es un verdadero sufrimiento para los presos estar lejos de sus familiares, incluso se han presentado casos en donde un privado de libertad fallece y los deudos ni siquiera son notificados por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Es el familiar quien debe movilizarse y costear todos los gastos, de igual manera que cuando los presos se enferman.
Asimismo, Prado sentenció que “hay deficiencia del transporte por neumáticos, por batería. Nosotros tenemos unos centros carcelarios que deberían tener presupuesto para su mantenimiento, no solo para las pinturas, sino para el mantenimiento del establecimiento y el parque automotor como tal”.
“En cuanto a los traslados médicos, hay que resaltar la cantidad de internos que mueren en los centros hospitalarios simplemente porque son trasladados ya cuando están en la fase final, y no cuando están en una fase donde tienen que tener un tratamiento para salvar la vida de esta persona. Lo llevan para que muera en las puertas del hospital, y no en el establecimiento. Muchas veces mueren dentro del establecimiento y son trasladados ya muertos, como si estuvieran con vida”, sentenció Prado.
En el mismo orden de ideas, desde OVP identificamos que estos traslados pueden generar un fuerte impacto en la salud mental del privado de libertad, al estar lejos de su familia y enfrentarse a una nueva rutina en prisión, con la incertidumbre de cómo será su estadía en un nuevo recinto, los maltratos a los que pueden ser sometidos y la carencia de alimentación. A pesar de ello, en Venezuela no existen programas de apoyo ni de atención integral a la salud mental en los centros de reclusión.
“Las personas no son trapos que pueden trasladar, las personas privadas de libertad son sujetos de Derecho”, resaltó Humberto Prado.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones creemos firmemente en la necesidad de reconocer que el impacto de los traslados han traído consecuencias perjudiciales, tanto para las personas en prisión como para sus seres queridos. Se trata de daños asociados a la carga financiera, emocional y el sufrimiento involucrado por las continuas violaciones de derechos humanos, de manera que consideramos de especial importancia que se implementen políticas que cesen, mitiguen y garanticen la no repetición del daño irreparable causado.
“Todo lo que narramos en esta investigación es una situación que debe ser considerada no solo por las autoridades, que estoy seguro que no lo van a tomar en cuenta; y que nosotros vamos a enviar el informe al órgano respectivo para que quede constancia”, dijo Prado para culminar, al mismo tiempo que informó que el informe sería remitido a los organismos internacionales, debido a que en Venezuela hay nueve establecimientos con medidas provisionales.
Informe completo: “El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos”
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
