La situación de los presos políticos en Venezuela continúa siendo un motivo de preocupación a escala nacional e internacional.
Durante años se han documentado numerosos casos de presos políticos que enfrentan condiciones inhumanas en las cárceles venezolanas, incluyendo torturas, detenciones prolongadas sin juicio y falta de acceso adecuado a atención médica e
Las violaciones al debido proceso y la ausencia de un juicio justo son patentes en muchos de estos casos. Asimismo, la falta de independencia del poder judicial, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo han contribuido a la perpetuación de las detenciones arbitrarias.
La manipulación de los tribunales para perseguir a opositores políticos también debilita la confianza en el sistema legal y socava los principios democráticos. En tanto, la detención arbitraria de líderes opositores y activistas ha aumentado en el transcurrir de los años, lo que indica un patrón preocupante de represión política que socava el derecho a la participación ciudadana.
En diciembre de 2023, el régimen ordenó la liberación de 28 presos políticos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos, como parte de un “canje humanitario” por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, vinculado a funcionarios del gobierno de Maduro.
Entre los liberados estaban los estadounidenses Luke Alexander Denman y Airan Berry, que cumplían una condena de 20 años por una presunta incursión armada en Venezuela en 2020.
También estaba Savoi Jadon Wright, acusado de formar parte de una trama para conspirar contra el referendo que realizó Venezuela en medio de una disputa territorial con Guyana. Mientras que entre los venezolanos liberados estaba un grupo de sindicalistas detenidos en julio de 2022 en medio de manifestaciones por aumentos salariales y que habían sido condenados a 16 años de prisión por “conspiración y asociación para delinquir”.
También fue liberado Roberto Abdul, miembro de la ONG Súmate, que organizó las primarias opositoras y posteriormente fue acusado de “traición a la patria y conspiración con una potencia extranjera”.
Según una investigación de Efecto Cocuyo con cifras del Foro Penal, en el caso de las personas puestas en libertad por el caso espía americano, estás tienen medidas sustitutivas de libertad y deberán presentarse ante los tribunales cada 15 días.
A estos detenidos políticos se les había indicado en primera instancia que serían sacados de la cárcel por un indulto presidencial, pero la boleta de excarcelación decía todo lo contrario. Por ende, no se trata de libertades plenas.
Mientras tanto, según datos publicados por Infobae, de los 103 presos políticos militares por disentir del régimen venezolano o simplemente por ser delatado o caer bajo sospecha, uno pertenece a la Armada, uno a la Milicia, 9 a la Aviación, 32 al Ejército y 60 a la Guardia Nacional.
Por su parte, el General de Brigada retirado de la Aviación, Eduardo Caldera, quien creó una lista denominada “No los olvidamos”, señaló que de los 103, el 42% está en proceso de juicio, con sentencias comprendidas de 5 a 30 años de prisión.
Ahora bien, a pesar del regocijo que embarga a todos los venezolanos porque 28 presos políticos volvieron a abrazar a sus familiares, aún hay más de 250 inocentes tras las rejas. Es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) instamos al régimen venezolano a liberar de manera inmediata y sin restricciones a todos los presos políticos que no han sido condenados en juicios justos y transparentes.
De igual manera, resulta imprescindible que se garantice el respeto al debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el acceso a un juicio justo para todos los detenidos.
También es importante que se implementen medidas para fortalecer la independencia del poder judicial y asegurar que los jueces actúen sin influencias políticas indebidas, así como también fomentar la colaboración con organizaciones internacionales de derechos humanos para garantizar la supervisión independiente de la situación de los presos políticos en Venezuela.
En conclusión, esta situación es alarmante y requiere atención inmediata tanto a escala nacional como internacional. La comunidad internacional debe presionar al régimen venezolano para que respete los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia, con el fin de restaurar la estabilidad y la confianza en las instituciones del país.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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