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Más del 50% de los presos del CICPC El Llanito no reciben alimentos

Más del 50% de los presos que sobreviven en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Subdelegación El Llanito en Caracas, no han recibido alimentos desde que fue decretada la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, debido a que sus familiares no han podido movilizarse.

Hace una semana, los 150 presos que permanecen en los cuatro calabozos del CICPC El Llanito iniciaron una huelga de hambre en señal de protesta por el hacinamiento y para exigir traslado a los tribunales correspondientes. La huelga duró cuatro días, durante los cuales fueron visitados por fiscales del Ministerio Público, por lo que los familiares esperan que tomen alguna medida.

Según la información suministrada al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en este centro policial permanecen al menos siete personas con un cuadro de salud delicado, cuatro de ellos padecen de tuberculosis.

“Nuestros hijos no están recibiendo alimentación adecuada. Nos preocupa que estén desnutridos, son los más vulnerables a contraer enfermedades infecciosas, incluido el Coronavirus”, señaló uno de los familiares.

Los familiares también denunciaron que el horario de entrega de comida es de 12:00 a 1:30 de la tarde, lo que representa una dificultad para los que tienen que trasladarse desde otros municipios. El transporte hasta el lugar puede costar hasta 400 mil bolívares y en este momento no es una opción para ellos.

Carolina Girón, directora del OVP, se mostró preocupada por la continuidad de este tipo de denuncias en los calabozos policiales del territorio nacional, por lo que nuevamente hizo un llamado al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo para que tomen cartas en el asunto y velen por los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Foto: Cortesía

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.