49 presos muertos y 75 lesionados fue el saldo de una masacre en el Internado Judicial de Los Llanos, mejor conocido como Cepella en Guanare, estado Portuguesa.
Hoy se cumple un año de la masacre más grande ocurrida en un centro penitenciario durante el 2020, mientras que los familiares de las víctimas no han tenido justicia ni reparación alguna por parte del Estado.
La protesta de ese fatídico 1ero de mayo inició por el reclamo de los presos ante la falta de alimentos y culminó con un baño de sangre ejecutado por funcionarios del Estado.
El Ministerio de Servicios Penitenciarios aseguró que se trataba de un intento de fuga, pero el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mantuvo constante contacto con víctimas y sus familiares, quienes constataron que se trataba de una protesta por el suministro de los alimentos, que derivó en un ataque violento contra las reclusos.
Según confirmó el OVP, todos los presos presentaron impactos de bala por presuntas armas de guerra, así como también se conoció que los cadáveres fueron identificados por sus familiares a través de fotografías. Los cuerpos fueron entregados en estado de descomposición.
Se desconoce paradero de imputados
En el mes de mayo del 2020 el Ministerio Público informó que las investigaciones del caso estaban en manos de las Fiscalías 94ª Nacional y 8ª de Portuguesa, ambas con competencia en materia de derechos humanos. Por el caso imputaron a 12 personas, pero solo 10 fueron identificadas.
Hasta ahora OVP desconoce cuál es el paradero de esos supuestos imputados. Sabemos que el Estado no ha dado respuesta sobre el proceso judicial o las investigaciones, mientras que las víctimas ni familiares han sido convocados a rendir declaraciones.
Entre los imputados por parte del Ministerio Público se encontraban cinco efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB): el primer teniente Alberto Castro Malaguera; el sargento primero Jesús Manuel Torres Parada; el sargento mayor de tercera Jorgangel Simón Rodríguez Escalona; el sargento primero Jorge David Almeida Gudiño y el sargento primero José Rodríguez García, a quien imputaron por homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.
Carlos Benito Torres Graterol, quien fungía como director de Cepella, fue imputado por “cómplice necesario” en el delito de introducción de armas de fuego en un centro penitenciario.
De igual manera se informó de la participación de cuatro privados de libertad que fueron señalados como líderes negativos del recinto penitenciario. Se trató de Olivo Antonio Castillo Velásquez, quien era el Pran del penal y Ronald Jesús Camacaro Angulo, Wilmer Vladimir Romero Durán y Douglas Alberto Ramos Lucena, a quienes imputaron por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y tráfico de armas.
En la imputación de los funcionarios de la GNB y el director del Cepella, el Estado obvió la cadena de mando, la cual también tiene responsabilidades en estos hechos, además de que nunca informaron cuál era el centro de reclusión de estos imputados.
En cuanto a los presos imputados, estos se encuentran Internado Judicial José Antonio Anzoátegui, conocida como cárcel de Puente Ayala. Dicho recinto se encuentra bajo el mandato de líderes negativos, quienes gozan de privilegios y acceso a armas de fuego.
Pasando trabajo
Cuando se registró la masacre de Cepella, la respuesta del Ministerio de Servicio Penitenciario fue la misma técnica utilizada por años: cerrar el recinto y trasladar los presos a otros penales, agravando la situación de hacinamiento en otros recintos.
De Cepella fueron liberados 217 reclusos bajo régimen tutelado y 1.718 presos fueron trasladados a penales con régimen penitenciario, mientras que 380 a penales abiertos, para un total de 2.098 reclusos trasladados según datos del propio Ministerio de Servicio Penitenciarios.
A lo largo de este año los presos y familiares de estos presos se han comunicado con OVP para asegurar que desde que fueron trasladados de Guanare no han hecho más que “pasar trabajo” en otros recintos, donde la escasez de alimentos es el día a día, además de ser maltratados e incomunicarlos.
Varios de estos presos han enfermado y muerto por tuberculosis o desnutrición. Desde OVP lamentamos las muertes de 49 reclusos y las lesiones causadas a otros 75, pero lamentamos más que este caso quede impune, que las víctimas y sus familiares no sean reparadas y que el Estado continúe con la opacidad sobre lo sucedido.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
