Un conflicto de al menos diez días culminó con la muerte de 30 presos y el saldo de 26 heridos, siete reos y 19 funcionarios en los calabozos del Centro de Coordinación N° 2 General José Antonio Páez en el sector Campo Lindo en Acarigua, estado Portuguesa.
Una nueva masacre se suma a la lista de las ocurridas en Venezuela en esta oportunidad dentro de los calabozos policiales muy similar a como ocurrieron los hechos en el 2017 en Amazonas donde murieron 39 detenidos y en el 2018 en el estado Carabobo que se registró el saldo de 69 personas fallecidas, entre ellas 67 presos y dos visitantes.
Las causas de estos hechos irregulares es responsabilidad del Estado, según indica Humberto Prado, coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) manifiesta que son las personas con responsabilidad en esta materia quienes han permitido que los calabozos policiales se conviertan en retenes y siguen muriendo presos que están bajo la responsabilidad del Estado.
En la comandancia policial de Acarigua había un total de 540 presos y su capacidad instalada es para 300 personas según lo que pudo corroborar el equipo de OVP para un hacinamiento de 180 % en dichas instalaciones.
El conflicto
Luego de la Semana Santa los internos pidieron que dejaran pernoctar a la visita, dicha petición fue negada por el director de la Comandancia General de la Policía de Acarigua el comisionado Guillermo López, desde allí comenzaron una serie de enfrentamiento entre internos y funcionarios.
Pasaron las semanas y las visitas fueron suspendidas y con ello además el pase de comida. Los funcionarios policiales de la comandancia indicaban que los presos estaban en huelga de hambre, sin embargo los familiares desmentían la versión y los mismos presos comenzaron a solicitar la presencia de la Defensora del Pueblo Raquel Vera y la Fiscal Superior del Ministerio Público Amarilis Pérez. La intención de los policías de trasladar hacia el Centro Penitenciario Los Llanos, conocido como Cepella a Wilfredo Ramos, identificado como el Pran de la comandancia intensificó la confrontación.
El 16 de mayo hicieron llegar nueve peticiones a través de una llamada telefónica y OVP tuvo acceso a ella a través de un parte policial que fue divulgado las mismas eran:
- Cambio del Director del Centro de Coordinación, el comisionado Guillermo López.
- Restablecer el pase de comida.
- Restablecer la visita.
- Pase e visita con pernocta cada 15 días.
- Pase de chimo, cigarrillos y bebidas alcohólicas, entre otros.
- Permitir la entrada de los grupos evangélicos y grupos deportivos.
- No revisar las comidas.
- Eliminar el servicio de garitas.
- Permitir el pase de materiales para la construcción de una piscina.
Ninguna fue concedida pues muchas van contra la ley sin embargo los presos continuaron pidiendo la presencia de la Fiscal Superior y Defensora del Pueblo pero ninguna apareció.
Desde el 23 de mayo comenzaron las detonaciones y enfrentamientos entre funcionarios y reclusos, los uniformados querían tomar el control de las instalaciones y a las 6 de la tarde del 23 de mayo murió herido de bala Wuislandi José Medina Pineda (24), según autoridades fue una riña pero según los internos murió en mano de policías y fue esto el detonante para su alzamiento confirman familiares a OVP.
Durante toda la noche del 23 de mayo y madrugada de 24 de mayo se escuchaban detonaciones en el lugar, dos videos fueron divulgados a través de las redes sociales, donde hablaba Wilfredo Ramos, supuesto pran, se observaba que tenía dos mujeres quienes imploraban por un diálogo y paz y él se observaba en la mano con una pistola con súper peine además de unas granadas.
El equipo de OVP supo que a primera hora de la mañana cuando comisiones de la policía del estado acompañadas por funcionarios de la Policía Nacional y de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) fueron a ingresar al comando policial fue lanzada una granada, así mismo se inició un fuego cruzado y se escucharon tres detonaciones más según reportes de vecinos. Fue a las 10 de la mañana cuando comenzaron a sacar los cadáveres y heridos hasta el Hospital Dr. Jesús Casal Ramos de Acarigua. En la morgue fueron ingresados 29 cadáveres todos de reclusos, siete presos heridos, la mayoría estaban heridos por esquirlas y de bala, así mismo fueron 19 los funcionarios heridos muchos de ellos por esquirlas, para un total de 26 personas lesionadas.
Sobre las dos mujeres que estaban dentro de las instalaciones se conoció que sobrevivieron porque estaban tiradas en el piso, dentro de un baño en el cuarto del pran y cuando detonó una de las granadas que supuestamente acabó con la vida de Wilfredo Ramos ellas se habrían salvado. Las mujeres eran esposas de dos de los presos de la población que murieron dentro del altercado y habrían declarado a autoridades que tenían dos semanas dentro de las instalaciones de la comandancia, así supo OVP.
Hasta la tarde de este viernes 24 de mayo los cadáveres de los internos no habían sido reconocidos, y el resto de presos una vez tomado el control de la comisaría fueron desnudados y acostados en el patio donde fueron sometidos a una requisa. Familiares de cada uno de los presos apostados en las afuera de la comandancia estaban angustiados y denunciaban que estaban siendo maltratados mientras eran sometidos a esas revisiones.
Con el preso asesinado el jueves y los 29 de este viernes dan un total de 30 internos muertos, convirtiéndose en una nueva masacre.
¿Quién pasó esas armas?, ¿quién tiene la responsabilidad de que por la puerta de esos calabozos policiales no pase nada ilícito? Se pregunta Humberto Prado, coordinador general de OVP quien además expresa que los presos responde de acuerdo a como son educados, “después que pasan las armas le dan la responsabilidad del control interno, como creen que van a responder después que han agarrado dinero para pasar armas, droga entre otras cosas.
Prado responsabiliza a Iris Valera porque es una de las causantes del desastre penitenciario, es quien no permite que los presos sean traslados de los calabozos policiales a los penales, así mismo manifiesta que el Estado debe responder por estos hechos debido a que las víctimas estaban bajo su custodia. Exige una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de los hechos.
Estamos informando a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas Michel Bachelet, al Relator de Personas Privadas de Libertad de las Américas comisionado Joel Hernández y al Grupo de Trabajo de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
