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Nuevo director de Rodeo III tiene acusaciones por maltratos y corrupción

Tras una requisa en el Internado Judicial Rodeo III, ubicado en el estado Miranda, Celsa Bautista, la nueva ministra de Servicio Penitenciario, anunció la asignación del nuevo director Oscar Briceño.

“Asume esta responsabilidad para cumplir con las acciones programáticas y líneas estratégicas del 9no Vértice de la Gran Misión Cuadrantes de Paz”, fueron las palabras de la ministra.

Pero, ¿quién es Oscar Briceño? Su nombre no es nuevo dentro del sistema penitenciario, es un hombre a quien muchos conocen como “El Conejo” y que viene trabajando de la mano de Iris Varela, quien fue ministra del Servicio Penitenciario.

A lo largo de varios años el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha recibido múltiples denuncias de este funcionario. Familiares y privados de libertad lo han señalado por presunta vulneración de derechos humanos como maltratos físicos y psicológicos; además fue señalado de corrupción.

El nombre de Briceño salió a la palestra en el año 2016, cuando en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, ubicado en Barquisimeto, estado Lara, los presos secuestraron a 18 funcionarios, entre ellos siete mujeres que eran trabajadoras sociales, en protesta por el hambre que padecían. 

Dicha acción duró cinco días y dejó como saldo cinco personas fallecidas, entre ellas cuatro presos y un custodio, así como más de 50 heridos.

Durante el motín, Briceño, quien en ese momento era el director de Uribana, se encontraba dentro del penal. Según denunciaron los privados de libertad, supuestamente el director le disparó en el pecho a Alirio Antonio Pérez Pinto,  a otro de los fallecidos y a algunos de los heridos, situación que generó que los privados de libertad hicieran uso de una granada fragmentaria.

Después de este motín Briceño fue cambiado, pues eran constantes las denuncias sobre maltratos.

En el mes de septiembre del 2020, según informó el propio Ministerio Público en una nota de prensa, Oscar Briceño, en ese momento director del Centro Penitenciario Región Los Andes (CEPRA), ubicado en el estado Mérida, había sido detenido por su presunta vinculación con el desvío de alimentos que debían ser destinados a la población penitenciaria.

Sobre el desenlace de la imputación por parte del Ministerio Público no hubo información oficial, y un año después se supo que Briceño continuaba trabajando en el Ministerio de Servicio Penitenciario.

En el mes de junio del 2021, nuevamente fue denunciado ante el equipo de OVP. En esta ocasión por las privadas de libertad del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, en el estado Lara.

Según las denuncias, el director ingresaba al anexo femenino sin previo aviso, violentando su privacidad, además de que las amenazaba constantemente con golpearlas, aún cuando él no tenía competencia en ese recinto.

Para el mes de julio de ese mismo año, familiares de los detenidos de Uribana denunciaron que el director supuestamente le solicitó 50 dólares a cada preso a cambio de su libertad a través de la revolución judicial. Fueron 80 los privados de libertad que pagaron ese monto y ninguno obtuvo su libertad.

Debido a las múltiples denuncias en contra de Briceño fue trasladado hasta la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón, donde también se desempeñó como director.

“Donde llega este funcionario siempre hay problemas y sufrimiento para nuestros presos, pues para ese director todo es un negocio”, declararon familiares al equipo de OVP.

Desde esta organización nos preguntamos:

¿Qué pasó con la investigación por corrupción en contra el funcionario Briceño?

¿Por qué siguen rotando a los directivos de penal en penal, cuando son denunciados y no se realizan investigaciones serias?

¿Quién es el padrino de este funcionario?

¿La nueva Ministra conoce las múltiples denuncias en contra de este funcionario?

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones 

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.