Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) rechazó los hechos de violencia que ocurrieron este miércoles 16 de mayo, en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en el cual resultó herido Gregory Sanabria, preso político del estado Táchira.
Nota de Prensa
Recordó que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todos los privados de libertad, pues están bajo su responsabilidad.
“En El Helicoide los detenidos son sometidos a tratos crueles, degradantes e inhumanos y les violan el derecho a la salud, el derecho al estudio y el derecho al debido proceso. Exigimos que se respeten los lapsos de ley”.
Además, Prado exigió que las autoridades intervengan las áreas, que fueron convertidas en calabozos, y se levante un informe con todas las violaciones de las que son víctimas los detenidos.
“Deben investigar toda el área, cómo estaban distribuidos los detenidos y cómo eran las condiciones de deterioro de las celdas. Además deben investigar a los responsables de la corrupción, de las torturas y del retardo procesal penal. Deben ponerlos a orden de la justicia”, dijo.
El coordinador del OVP solicitó que otorguen libertad a quienes tienen boletas de excarcelación pues de lo contrario están bajo privación ilegítima de la libertad e indicó que las personas que son víctimas del retardo judicial deberían ser juzgados en libertad, al menos bajo medidas cautelares.
Pidió al Ministerio Público que aclare lo sucedido en la sede de El Helicoide, que muestre los avances de las investigaciones, que castigue a los responsables y sobre todo que explique por qué hay mujeres y menores de edad detenidos ahí, entre ellos una adolescente de 16 años.
“Debe haber una responsabilidad clara de las personas que mandaron a esos adolescentes al Sebin, saben que no es apto para menores de edad pero es peor que los reciban”, sentenció Prado.
Según informaciones que maneja el OVP en ese sitio de reclusión hay alrededor de 250 presos cuando la capacidad es para 25, en celdas que anteriormente pertenecían a las áreas administrativas.
Humberto Prado, recordó que Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, está bajo medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el año 2015 y el estado debe asegurar su vida, así como la de sus compañeros.
Por último, informó que desde el OVP ya se notificó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Sistema Universal de Derechos Humanos acerca de la situación en El Helicoide.
Nota de Prensa La Patilla
