-Por Dr Humberto Prado Sifontes.
En un país donde reina la disyuntiva entre si el control de las cárceles lo tiene el Estado o los presos, en los calabozos de la Comandancia Policía del estado Táchira la situación se ha vuelto más que evidente. Del secuestro de 12 personas a la mutilación de un privado de libertad hay una línea muy delgada, pues en ambos casos se demuestra la crisis del sistema penitenciario en Venezuela y la ineficacia de los organismos gubernamentales para solventarla.
“No obstante, esta situación no ocurre solamente en Politáchira, donde incluso destituyeron a un policía porque declaró a los medios de comunicación sobre el hacinamiento en sus calabozos, pues en el Cicpc de San Cristóbal sobreviven más de 100 personas, que comparten un solo baño”
Después de un mes del secuestro de 10 visitantes y dos policías estadales en Politáchira, por fin se presenta la titular del Ministerio de Servicios Penitenciario, Iris Varela, aunque media contradictorias sus declaraciones que primero decían, “Los privados de libertad no le ponen condiciones aquí a la autoridad, la autoridad se ejerce de manera legítima porque de autoridad legítima estamos investidos. No puede ser que una persona a la fuerza de la violencia pueda conseguirse con su despropósito tratando de conminar a la autoridad a que les otorgue lo que ellos están pidiendo”, “Al Ministerio de Servicio Penitenciario nadie le impone a dónde trasladar a los reos, eso es una solicitud imposible.
La autoridad no negocia con bandas criminales, la autoridad dialoga y busca solucionar los conflictos de manera pacífica, garantiza los derechos humanos; pero la negociación con bandas criminales está negada”. “Después en el Diario La Nación, aparece a las 12 del mediodía de ayer, tal como habían acordado la noche anterior los internos que tuvieron por cuatro semanas el control de un área de los calabozos de Politáchira y la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, se dio el primer traslado de 16 presos a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, aunque inicialmente se manejaba la cifra de 20“.
Dijo La Ministra, que todavía no han ingresado a los calabozos. Sin embargo, dijo que está atendiendo a varios de los detenidos, quienes le pidieron ser traslados a diferentes centros penitenciarios, reseñó el portal de Unión Radio.
En este sentido, informó que 16 privados de libertad serán trasladados a la cárcel de Tocuyito.
Varela aseguró que no tiene ningún problema de llevar a cabo estos traslados, para acercar los reclusos a lugares que estén cerca de sus familiares. Entonces como es la cosa, el Ministerio y que no se deja presionar.
Tal como denunciamos a través del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el 8 de septiembre de este año, los reos retuvieron a diez mujeres que acudieron a la visita y, durante la reyerta, sometieron a dos de los policías que custodiaban las celdas, estos fueron identificados como Leivis Sira y Miguel Muñoz. Durante al menos tres días, los familiares denunciaron que les interrumpieron el servicio eléctrico y de agua, así como tampoco les permitían el ingreso de alimentos.
El hacinamiento, la insalubridad, el ocio y el retardo procesal convierten en una crónica anunciada lo que está sucediendo en Politáchira, pues aunque se trata de un centro de reclusión preventiva, donde obviamente no manejan los criterios internacionales de atención penitenciaria, en este recinto sobreviven al menos casi 400 privados de libertad en un espacio reducido que fue construido con una capacidad máxima de 120 personas.
En estos mismos calabozos, el 26 de septiembre, torturaron a golpes y posteriormente le cercenaron un dedo a unos de los privados de libertad, quien presuntamente no pagó la “causa” semanal. “En el momento en el que usted grite duro, que se vuelva loca gritando, le vamos a meter este cuchillo”, amenazó el verdugo a su víctima, según fue divulgado en un video a través de las redes sociales y presuntamente después que entraron las autoridades encontraron dos cuerpos quemados.
Cabe destacar que al menos 33 mil personas permanecen en centros de reclusión preventiva a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de que el tiempo estipulado para permanecer en estos espacios es de 48 ó 96 horas. Algunos reclusos duran años para salir de sus celdas en las policías estadales, municipales, Cicpc, entre otros organismos de seguridad; mientras que muchos otros mueren en el intento, como los casos de siete personas que fallecieron por presunta desnutrición.
En ese sentido, desde el OVP hemos denunciado en innumerable cantidad de oportunidades como al menos 400 hombres permanecen en 19 celdas sobre pobladas en la sede de Politáchira, donde además comparten baños comunes y no tienen privacidad de ningún tipo. Esta es una clara vulneración a sus derechos humanos, así como también vulneran los derechos de 12 personas que gozan de libertad plena, que deben permanecer tanto tiempo en este espacio confinado porque el Estado perdió el control de los penales. Entonces, ¿Quién tuvo el control en Politáchira?
No obstante, esta situación no ocurre solamente en Politáchira, donde incluso destituyeron a un policía porque declaró a los medios de comunicación sobre el hacinamiento en sus calabozos, pues en el Cicpc de San Cristóbal sobreviven más de 100 personas, que comparten un solo baño. Esta situación, que tal como mencioné anteriormente se repite a escala nacional, es una verdadera bomba de tiempo, cuya responsabilidad es única y exclusivamente del Ministerio de Servicios Penitenciarios por su falta de políticas publicas y creerse dueños de la razón y la verdad, mientras, madres, esposas, hijos e hijas, lloran a sus seres queridos.
