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Estándares internacionales, bajo los cuales se rige la labor del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), indican que en cada recinto penitenciario debe haber al menos un custodio por cada 10 internos, pero en Venezuela hay una población de más de 50.000 privados de libertad, lo que se traduce en un custodio por cada 100 reos, entonces ¿quién cuida a quién?
Esta es la pregunta de las mil lochas, pues actualmente las cárceles y los centros de detención preventiva en todo el territorio nacional tienen hacinamiento crítico, aunque desde el inicio de su gestión la ministra Iris Varela, titular del Ministerio de Servicios Penitenciarios, prometió que construiría 24 centros de reclusión para reclusos procesados en Caracas, Miranda, Carabobo, Monagas, Aragua, Anzoátegui y Zulia.
Los espacios para la recreación y esparcimiento de los privados de libertad en Venezuela están repletos de construcciones improvisadas para pernoctar, además que de un total de 36 recintos penitenciarios, solo un director cumple con los requisitos de credenciales profesionales para asumir el cargo. También se desdice de la administración descentralizada, pues desde hace 17 años, y muchos menos en 5 años de la gestión de Iris Varela, se ha descentralizado un recinto carcelario.
Esto es solo parte del rosario de problemas que aqueja al sistema penitenciario de Venezuela, con un claro incumplimiento del artículo 272 de la Constitución, que establece que “el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización”.
Tal como denunciamos en constantes oportunidades, el galopante hacinamiento en los penales venezolanos es causado por el retardo procesal, la falta de construcción de nuevos centros de reclusión y el uso excesivo de la prisión como sanción casi exclusiva. Como consecuencia de esto, actualmente al menos 52 mil reclusos se encuentran bajo la tutela del mencionado ministerio, y unos 20 mil de estos permanecen en retenes y comisarías policiales, que obviamente no tienen instalaciones adecuadas ni cuentan con el personal para cumplir labores de índole penitenciaria.
En fin, existe una verdadera necesidad de implementar un plan para el descongestionamiento de las cárceles, pues el plan Cayapa solo se trató de un complot para que los privados de libertad renunciaran a su derecho a la libre defensa. Evidentemente no existe voluntad política para tomar medidas y si no existe, simplemente Venezuela no prestará un servicio penitenciario que permita la reinserción en la sociedad.
