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Organismos no gubernamentales exigen inmediata liberación de defensor de derechos humanos

El Observatorio Venezolano de Prisiones, el Observatorio Latinoamericano de Prisiones y la Comisión Nacional de DD.HH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela rechazan la detención y judicialización arbitraria del Defensor de Derechos Humanos del Estado Nueva Esparta, Abg. Luis Tarbay, quien fue apresado en ejercicio de su actividad como defensor.

En horas de la tarde del día 29.06.2017 fue detenido en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta, encontrándose recluido en el destacamento 71 de la Guardia Nacional Bolivariana del sector “Los Cocos”, el conocido defensor de los derechos humanos en ese estado, Luis Tarbay, quien ejercía su derecho humano a la manifestación pacífica e intervino para mediar con las autoridades policiales para que no obstaculizaran la movilización que se realizaba, apelando al recurso de la mediación ante el conflicto que en ese momento se presentaba entre funcionarios policiales y la GNB que pretendían impedir que continuara la movilización y los manifestantes que reclamaban que se les permitiera continuar.

El defensor en ningún momento acudió a la violencia verbal ni física y en representación de los manifestantes buscó por la vía del diálogo que se permitiera el libre ejercicio del derecho a manifestar.

La detención del defensor de derechos humanos es contraria a la Declaración de Naciones Unidas  sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos la cual establece en su artículo 1 que:

 Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional.

Como ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “Los instrumentos de derechos humanos consagran derechos que los Estados deben respetar y garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción. La labor de las defensoras y defensores de derechos humanos es fundamental para la implementación universal de estos derechos, así como también para la existencia plena de la democracia y el Estado de derecho. La incansable labor de las defensoras y defensores de derechos humanos ha sido esencial en la defensa de los derechos bajos dictaduras, gobiernos autoritarios y durante conflictos armados internos.

Hoy en día, en un contexto marcado por gobiernos democráticos, la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos continúa siendo esencial para el proceso de fortalecimiento de las democracias. Por esta razón, los problemas diarios que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos han sido objeto particular de interés en el trabajo de la Comisión”.

La trayectoria del abogado Luis Tarbay, que se ha dedicado al trabajo en el sistema de protección de derechos humanos en el Estado Nueva Esparta, es reconocida por su gente, además es fundador del Centro de Derechos humanos de la Universidad de Margarita, fundador de la Red de Defensores de Derechos de Nueva Esparta, colaborador del OVP, OLAP y La Comisión Nacional de DD.HH de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, realizando actividades y formando en esa región activistas, estudiantes y voluntarios en DD.HH.

Por todo ello, instamos a las autoridades a:

  1. Poner en libertad sin restricciones al Abg. Luis Tarbay.
  2. Cesar el hostigamiento y persecución a los defensores de derechos humanos.
  3. Respetar el ejercicio de los derechos constitucionales y cesar la criminalización.
  4. Garantizar el derecho a la manifestación pacífica y a la participación, incluyendo dirigir peticiones y comunicaciones en los órganos del poder público regional o nacional, sin ser objeto de represalias.
  5. El Abg. Luis Tarbay durante muchos años se ha dedicado a promover y defender los derechos humanos y debe ser liberado de manera inmediata

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.