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Navidad sin presos políticos: Los DDHH no son negociables

En torno a la reunión de delegados de Nicolás Maduro con representantes de la Plataforma Unitaria, resulta muy delicado que se hable de Derechos Humanos sin centrarse en las víctimas, e incluso hay que recordar y seguir el ejemplo de otros procesos de negociación, donde las víctimas tienen una representación directa, porque tienen una legitimación.

En ese sentido, la sociedad tiene que estar vigilante porque los DDHH no son negociables, tienen principios. En un sentido más práctico, hay que definir cuáles son los temas que se pueden llevar a una mesa de negociación, al mismo tiempo que se evita la frustración de las víctimas, al ver que el Gobierno y la otra parte negociadora lleguen a un acuerdo dejándolos de lado.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), enfatizó: “En primer lugar, hay una gran contradicción e ironía en la situación en la que nos hemos colocado como país porque estamos hablando de los DDHH en la negociación política, pero resulta que si algo no es negociable y es una conquista universal son los DDHH; es decir, los DDHH no están a disposición de una negociación, e inclusive no están a disposición ni siquiera de la mayoría”.

La clave principal es que los DDHH están basados en principios inderogables y centrados en las víctimas. “Con estas premisas sí podemos hablar de cuáles podrían ser los posibles temas, tales como el cese inmediato de las violaciones continuadas de los DDHH, dentro de la cuales están por supuesto los presos políticos, tantos civiles como militares; el cese de las persecuciones a toda persona que piense diferente; es decir, el pluralismo y la tolerancia como regla de actuación del Estado”, sentenció el abogado y defensor de Derechos Humanos.

De igual manera, en la discusión sobre DDHH, se debe incluir el respeto a la libertad de expresión, la libertad de los medios, los periodistas, así como también  la libertad de protesta.

Para garantizar todas estas libertades y derechos se requieren dos mecanismos: el nacional e internacional.

“A nivel internacional es tan sencillo como cumplir con las decisiones que ya tenemos de órganos internacionales, de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), de decisiones de los comités de las UN, de los grupos trabajos y demás procedimientos especiales de la ONU, y el regreso pleno de Venezuela al Sistema Interamericano, un sistema de protección y promoción de los DDHH”, recalcó Prado.

Ahora bien, ¿qué se puede hacer en el corto plazo? Según el director de OVP, se puede hacer una relatoria sobre la verdad de los hechos, así como también reparaciones a las víctimas que no tengan que esperar el regreso de la estabilidad, la democracia y las instituciones.

Asimismo, se pueden adoptar medidas para que no se repitan estas violaciones, y se puede revisar el marco normativo. Un ejemplo de ello es la ley contra el odio que ha sido utilizada para perseguir a la gente.

“Nada de esto va a ser posible sino se rescata y estructura en Venezuela un estado de derecho, donde pueda ser posible el derecho a la justicia; es decir, la independencia del TSJ, de los tribunales y de los fiscales, que sean además funcionarios competentes con efectividad, que haya sanción a los responsables y que haya una seguridad, un orden público democrático de policía y rescate de los espacios territoriales, es decir que se haga efectivo la democracia y el estado de derecho”.

En otro orden de ideas, Prado recalcó: “El mensaje que tenemos que darle a la mesa de negociación, a los negociadores, a la sociedad venezolana y a la Comunidad Internacional, es que no podemos asentarnos sobre la base de que no podemos lograr todo y entregar lo que no es negociable, lo que son principios y fundamentos que, si al final no logramos esta línea de base, no habrá valido la pena entrar y salir de una negociación”.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.