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Más de un mes de angustia y desesperanza vivieron los familiares de los presos en la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en el estado Guárico, hasta que la Ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, solicitó la intervención de personas que estuvieron recluidas en ese penal, para que se encargaron de hablar con los pranes, quienes finalmente se entregaron a los funcionarios públicos. No obstante, en todo este tiempo fallecieron nueve hombres por presunta tuberculosis y más de 30 personas, incluyendo a visitantes y trabajadores, en hechos violentos.
Además, a lo largo de cinco años entre 2010 y 2015, allí asesinaron a 135 personas y 104 resultaron heridas, mientras que la política de las pernoctas de familiares y el reconocimiento de los pranes, le causaron un grave daño al sistema carcelario de nuestro país.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), sentenció que a pesar de la gran alharaca de la ministra por la “pacificación” de la PGV, hay una estela de violencia y dolor que difícilmente pueda borrarse de miles de familias venezolanas afectadas por la crisis penitenciaria. Tal es el caso de los familiares de Francisco Dionel Guerrero Lárez, quienes hace siete años recibieron una llamada en la que les informaron que el hombre había sido asesinado y enterrado en uno de los patios del penal, pero hasta la fecha no se sabe nada de él.
La presunta muerte de Guerrero Lárez es una de las tantas lideradas por los “pranes”, quienes durante años hicieron y deshicieron ante la mirada atónita del ministerio y directores que desfilaron por este penal, quienes incluso le aseguraron a la familia que el recluso se había fugado. Al parecer, el hombre desaparecido criticó el aumento de la “causa semanal”, lo que fue suficiente para generar la ira de uno de los líderes negativos, que inmediatamente ordenó que lo mataran.
Igualmente, sucede con los nueve fallecidos por presunta tuberculosis “¿Quién calma el dolor de estas familias que clamaron por una medida humanitaria o que simplemente les suministraran el tratamiento? Es muy fácil salir en los medios de comunicación enalteciendo la pacificación de una cárcel, en este caso la de la PGV, que para este humilde defensor de los DDHH de los presos, solo fue el desalojo de la cárcel, pero pasaron años antes de que se tomaran cartas en el asunto”, sentenció Prado, quien ha denunciado estos casos ante organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La última crisis de la PGV, puesto que no fue la única desde su creación en el año 1947, aunque sí una de las más graves en los últimos 16 años, corroboró la ineficiencia de las políticas del Estado en cuanto a un sistema perdurable que garantice la no reincidencia de los ex reclusos y, por el contrario, las cárceles fungen como una especie de universidad del delito.
“Hace muy poco tiempo, el pasado 5 de agosto, la ministra Varela accedió al traslado de dos mil presos que se vieron obligados a cancelar la causa semanal, a cambio de la libertad de 47 trabajadores del penal que mantuvieron secuestrados durante cinco días, lo que evidentemente empeoró la situación del penal donde habitaban 11.700 presos. Entonces, ¿Cómo pretenden lograr la reinserción de los reclusos si los obligan a defenderse a sangre fría contra los más cruentos enemigos?”, recordó Prado.
Otra situación verdaderamente preocupante es el traslado de 27 hombres que, según denunciaron sus familiares, padecen tuberculosis. En este sentido, si estos hombres no reciben el tratamiento adecuado o no son aislados del resto de la población penitenciaria, el contagio será inminente y la crisis sanitaria será incontrolable para el Estado, que al parecer no tiene ni la más mínima idea de cómo solventar esta problemática.
Antecedentes del conflicto
El 14 de septiembre de este año, explotó una granada durante los preparativos de la fiesta de cumpleaños del más sangriento pran de la PGV, donde fallecieron 12 personas, entre ellas dos decoradores y un visitante, y 23 resultaron heridas. Días después y aunque la celebración se llevó a cabo con total normalidad, los reclusos supuestamente ordenaron el homicidio de dos custodios dentro de sus hogares.
Cabe destacar que en el transcurso de estos días, se desaparecieron 84 granadas en el Fuerte Conopoima, por lo que los “pranes” de la PGV fueron los principales sospechosos. Desde el 27 de septiembre, el ministerio de Servicios Penitenciarios suspendió las visitas, como medida de sanción porque unos días antes un grupo de presos intentó ingresar por la fuerza al área administrativa.
Es importante recordar que desde hace un mes los presos han difundido videos, a través de las redes sociales y un canal de YouTube denominado “Penitenciaria General”, donde aseguraban que más de 1.500 familiares permanecían de manera voluntaria dentro del penal, mostraban el estado de los enfermos por tuberculosis y clamaban por ayuda del ministerio, pues cada día arreciaban las torturas por parte del “pran”.
“La ministra Iris Varela debe explicar cómo es posible que el pran de la PGV disfrutaba de libertad plena y aun así estaba dentro de la PGV, aterrorizando al resto de la población penal. Durante años hubo silencio oficial en torno a esta crisis, así como también durante todo este tiempo han ignorado nuestras recomendaciones para solventarla. ¿Cuál fue el acuerdo Ministra?, ¿Cuántas extorsiones se manejaron desde ese penal?, ¿Realmente hubo una solución o simplemente trasladaron el mismo problema a otro penal?”, puntualizó Prado, quien se mantiene atento ante las denuncias de los familiares que, a pesar de las declaraciones de la ministra, no encuentran satisfacción por la “pacificación” del Estado en la PGV.
