El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) fue la única ONG venezolana que participó en la 183 periodo de sesiones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
Venezuela cuenta con 52 centros de reclusión, discriminados así, 35 de hombres, 1 cárcel de mujeres y 16 anexo femeninos. La capacidad instalada en los penales del país es para 20.438 personas y la población es de 32.200 personas, lo que se traduce en hacinamiento crítico de 158%, de esta población 2.500 son mujeres, de las cuales 1.900 viven en anexos femeninos, que no cuentan con las condiciones para la permanencia de mujeres.
Mientras en los centros de detención policiales diseñados para la permanencia transitoria de personas según las leyes venezolanas de no más de 72 horas, ahora permanecen 35.000 personas detenidas.
Sumando la población penitenciaria y la de los calabozos policiales es de 67.200 personas privadas de libertad en el país, explicó en la audiencia Carolina Girón, directora de OVP.
Girón describió que de las personas detenidas sólo en cárceles es de 53 % se encuentra procesados, y aproximadamente existe un retardo procesal de al menos 70 %.
La directora de OVP en la audiencia describió la situación inhumana en la que conviven los privados de libertad en Venezuela donde “carecen de servicios públicos adecuados, no hay agua potable, el servicio de electricidad es oscilante, igual que en las regiones del país, tampoco cuentan con servicio de gas doméstico regular, y los desechos sólidos no son recolectados con regularidad”.
Girón además denunció ante la CIDH que en Venezuela existen diversas modalidades en el control de los centros penitenciarios del país. Uno de ellos es donde los presos tienen el control total, mandado bajo la figura de los “Pranes” quienes tienen el control total, tanto a lo interno como lo externo; el 59% de la población vive bajo estas condiciones.
Existe una segunda modalidad donde los pranes y autoridades del penal controlan el recinto, ambos tienen su cuota de poder es al 12 % de la población penitenciaria que se encuentra en esta situación, el 29% restante se encuentra bajo lo que el gobierno ha denominado Nuevo Régimen Penitenciario, es decir, están bajo el control del Gobierno.
“En las cárceles controladas por los internos, se debe pagar al líder, sumas de dinero en efectivo o por transferencias bancarias, actualmente en dólares americanos, para comer, para tener un sitio adecuado para todo se paga en la cárcel.
Inclusive ordenan traslados de presos a otros penales y también deciden quién se queda y quién no. Manejan tal cantidad de dinero que realizan construcciones dentro de las cárceles, tales como piscinas, discotecas, canchas deportivas, realizan espectáculos a los que acuden artistas nacionales e internacionales”, detalló Carolina Girón.
En cuanto a los presos de la comunidad LGBTIQ+, dentro de los penales son usados para hacer labores de limpieza, o son obligados a prostituirse y sufrir abusos sexuales a voluntad del líder y su camarilla.
Mientras las mujeres en prisión tan solo cuentan con una cárcel de mujeres en el país el INOF, el resto son anexos adaptados de forma improvisada en cárceles de hombres, que igual no cuentan con una estructura adecuada para su reclusión.
A las mujeres se les priva del consumo de agua y alimentos, no cuentan con atención médica, ni acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, no existe personal capacitado en materia de perspectiva de género, no cuentan con insumos básicos ni acceso a toallas sanitarias. No disponen de espacios adecuados para recibir las visitas de sus hijos y se les ha privado del derecho a la visita conyugal.
En los últimos años en OVP han aumentado las denuncias recibidas sobre maltratos, y violaciones a privadas de libertad dentro del recinto.
Por otra parte la directora de OVP expuso frente a la CIDH que no existe personal médicos dentro de los penales, “como práctica recurrente hemos identificado que, cuando el interno se encuentra con graves condiciones de salud, es que se solicita el traslado, prácticamente para que la persona muera en el centro hospitalario”.
Desde el 2017 en adelante se evidencia cómo han aumentado las muertes en prisión por tuberculosis y desnutrición. Girón comenta que la TBC es una enfermedad típica de prisión por lo que ningún preso debe morir, pero en Venezuela tanto las pruebas como el tratamiento para la tuberculosis son del monopolio del Estado quien las controla, por lo tanto solo el 10% de los presos con esta enfermedad cuentan con un diagnostico como tal y son los que reciben el tratamiento.
Desde el 2017 hasta enero 2022, han fallecido en los Centros Penitenciarios 960 personas, de las cuales 412 fue por desnutrición. Lo que significa el 43% de los fallecidos. Mientras en los calabozos en el mismo periodo murieron 770 detenidos y 261 por desnutrición, en total 1730 presos han muerto, de las cuales 773 fallecen por desnutrición.
Ante la carencia de alimentos por parte del Ministerio Penitenciario son los familiares que se hacen cargo de su manutención y llevan la comida los días de visita o cuando existe pasen de comida, siendo las mujeres las encargadas de esta labor, porque los hombres tienen prohibida las visitas a los penales. En algunas ocasiones estos alimentos no llegan a manos de los reclusos porque son decomisados por los funcionarios de la Guardia Nacional o las custodias penitenciarias.
Por su parte Marianela Herrera, profesora asociada e investigadora del Centro de estudios del Desarrollo de la UCV y directora del Observatorio Venezolano de Salud, explicó que para el diagnóstico de desnutrición severa hay signos y síntomas, entre ellos son dolencias referidas por los presos.
No obstante, en las cárceles venezolanas no hay personal que haga posible de recopilar, porque no hay personal especializados; sin embargo a través de fotografías pueden verse como los presos presentan: palidez cutánea y de mucosas, mejillas hundidas, tórax delgado con costillas evidente, alteración en el color del cabello y edema por falta de proteína ( que no es más que la hinchazón en el abdomen)
“La desnutrición dentro de las cárceles venezolanas se acompaña del hacinamiento” destacó Herrera. A la vez que manifiesta que se está vulnerando el derecho humano a la alimentación, y recalca que las crisis carcelaria pueden generar violencia dentro de las cárceles.
María de los Ángeles Rincón, abogada del OVP, expuso ante la CIDH como la existencia de armas de alto calibre siguen existiendo dentro de las prisiones y permanece en poder los reclusos. Situación que aunque la CIDH ha realizado sus recomendaciones el Estado no ha tomado las medidas.
Rincón explicó cómo es que los internos no reciben los alimentos de forma continua.
“En investigación para nuestro reciente informe sobre la Desnutrición en las cárceles, se determinó que 40,1% de la población reclusa recibe alimentos 1 vez al día, 38% 2 veces al día, 9.2% nunca recibe alimentos y solo el 12.7% manifestó recibir alimentos 3 veces al día”.
La abogada del OVP recordó que el hambre ha llevado a los reclusos a vivir situaciones extremas como fue el caso de un interno que tuvo que comer ratas para saciar el hambre y otro grupo de presos quienes mataron un perro para alimentarse.
Karen Valera, abogada del OVP, denunció ante la CIDH como la corrupción en los penales ha escalado dentro de las cárceles y calabozos policiales, existen cobros por el acceso a la comida y además la reventa de los mismos. Además se está cobrando por las visitas de niños, conyugales, por el acceso al agua, así como el derecho al estar en un recinto o a la convivencia a través de las llamadas “causas”, los cobros se hacen en dólares o a través de transferencias bancarias.
“Entre los agentes de corrupción hemos identificados personal del poder judicial, personal penitenciario y los propios presos”, detalló Valera.
Ante tal exposición el primer Vicepresidente y relator para personas de privadas de libertad de la CIDH, comisionado Stuardo Ralón, indicó que la situación en Venezuela era dramática. “En este caso los privados de libertad están alejados de cualquier estándar de protección que el Estado debe dar a las personas bajo sus custodias, son hechos gravísimos y condenables”.
Joel Hernández, comisionado de la CIDH, destacó que la labor de OVP era se suma importancia, “es un trabajo importante visibilizar ante el mundo y la comisión las situaciones de los privados de libertad en Venezuela”.
Por su parte, la relatora Soledad García, aseveró: “Vemos temáticas muy difíciles de monitorear, nos han puesto sobre la mesa una situación trágica y vemos que se han violado demasiados derechos. La situación de los presos es extrema en Venezuela, estaríamos frente a una situación donde se evidencia la discriminación de un grupo social como son los privados de libertad ante el acceso de alimentos, agua y salud, esto involucra el derecho a la vida”.
Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH, aseguró además que la situación de violencia sexual dentro de los centros penitenciarios le parece gravísima, producto que se han dado embarazos y maternidades forzadas.
Mantilla para finalizar hizo una mención especial a las mujeres que representaron ante la audiencia al OVP, las llamo la representación de la esperanza. “Ustedes han venido aquí a traer las voces de las privadas de libertad de las víctimas. Gracias porque son la voz de Venezuela y esa voz se va a seguir escuchando”
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
