El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) llevó a cabo un foro virtual sobre Liberaciones Bajo Régimen de confianza tutelado, en el que un destacado panel de expertos aclaró dudas acerca de los procesos del sistema judicial venezolano, sus debilidades y cómo esto ha incidido en la calidad de vida de los privados de libertad en Venezuela.
Carolina Girón, directora general del OVP, le brindó una cálida bienvenida a Antonio Canova , abogado y director general de Un Estado de Derecho, quien expuso su visión en cuatro valiosos puntos. Consideró además que la privatización de las cárceles ampliaría la capacidad de funcionamiento, siendo lo público un esclavo de un presupuesto que se queda cada vez más corto ante las necesidades.
“Se debería establecer la privatización de las cárceles, ya que estamos en un país donde hay 60.000 privados de libertad. No podemos pretender poner un sistema público y depender de él si no tenemos dinero para eso”, puntualizó.
Por su parte, Raiza Ramírez, coordinadora del OVP en el estado Táchira, detalló cómo hay cada vez más represión, considerando que esto se debe a que las cárceles son coordinadas por guardias y no personal entrenado para ello. La descentralización es imperativa.
De igual manera recalcó que el trabajo de las organizaciones como el OVP en mantener esa línea entre lo humano y lo pragmático en la defensa de los derechos de los presos. “Aquí se ha perdido la pasión, si la perdiste tenemos que hacerte verlo y visualizarlo y si no se hace, los presos son los olvidados y nadie le importa, no es el caso de los presos políticos”.
La abogada quiso dejar claro que la labor de los defensores de los derechos de los privados no es pedir que no cumplan con su pena, el punto es que el Estado entienda que tienen derechos a no ser maltratados. “Su castigo es estar privados de libertad, no que los maten de hambre, las fotos aquí son como las de la Segunda Guerra Mundial”, enfatizó.
En otro orden de ideas, Rey Peña, coordinador del OVP en el estado Yaracuy, definió lo que es un régimen de confianza tutelado, lo que catalogó como un invento que ha causado un efecto negativo dentro de la administración de justicia en el país.
“No se trata de una bodega o un centro comercial, para eso deben contar con una junta de conducta, clasificación y trabajo que son los encargados de evaluar el comportamiento del privado, para optar por un régimen de confianza”, agregó el abogado.
Por último, Carolina Girón consideró que el sistema penitenciario es manejado a conveniencia. Por ende, enfatizó que resulta necesario entender que los únicos responsables de la administración de la justicia debe ser el tribunal de ejecución y que el régimen de confianza tutelado no es otorgar libertad, es buscar un sistema donde a través del comportamiento del recluso se logre incluirlos en actividades agroproductivas y tantas otras que influyan en su reinserción en la sociedad.
