Para el próximo 19 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) convocó a una Audiencia Pública, que fue solicitada por el Estado venezolano para presentar información pendiente con respecto a la implementación de las Medidas Provisionales que fueron dictadas a favor de nueve recintos penitenciarios en Venezuela.
Además del Estado venezolano, el solicitante; el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en calidad de representante de los beneficiarios, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también participarán en la audiencia, durante el 118° Período Ordinario de Sesiones que tendrá lugar en la sede del Tribunal en San José de Costa Rica.
Humberto Prado, director del OVP, informó que el Estado venezolano deberá entregar información detallada sobre la implementación de las medidas provisionales a favor del Internado Judicial de Monagas (La Pica), Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II, Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Uribana), Internado Judicial Capital Rodeo I y Rodeo II, Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón), Internado Judicial de Ciudad Bolívar (Vista Hermosa) y Centro Penitenciario de la Región Andina.
En dicha audiencia, también se analizará la solicitud de extensión de las medidas provisionales otorgadas a Humberto Prado, reconocido defensor de los derechos humanos, con la finalidad de proteger la vida e integridad de sus familiares, tras un sinfín de amenazas en contra de la vida que no han mermado su fervor por la defensa de los privados de libertad en Venezuela.
Cabe recordar que Prado es beneficiario de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2009 y reiteradas en 2011, que requieren al Estado Venezolano “que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal”, luego que fuera víctima de hostigamiento y de una campaña de desprestigio con la publicación de acusaciones y descalificaciones dirigidas directamente contra su persona.
Prado resaltó que Venezuela es el único país en el sistema interamericano que posee nueve cárceles bajo medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “El preso es un sujeto de derecho y debe tener parámetros claros con estándares internacionales, con clasificación de la persona por el tipo de delito, edad, grado de peligrosidad y sexo, en cárceles de mínima, media y máxima, y en separación de categorías de procesados y condenados. Que cada perfil esté donde deba estar”.
“En Venezuela existen dos tipos de centros penitenciarios: donde aplican el orden cerrado, que se basa en instrucción premilitar, y las privatizadas en manos de los líderes negativos (pranes). Esto es una clara violación a las medidas provisionales emitidas por la Corte IDH”, enfatizó Prado, quien además hizo énfasis en que han recibido muchas denuncias de familiares de presos que son maltratados por no querer someterse al orden cerrado.
Finalmente, el OVP solicitará a la Corte IDH que el Estado venezolano cumpla a cabalidad con las medidas provisionales y adopte de forma inmediata las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en los recintos penitenciarios antes mencionados, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
