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Caracas. Durante un foro realizado en la isla de Margarita, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, indicó que aunque las cárceles venezolanas tienen una capacidad instalada para 33.000 internos, actualmente hay una población penitenciaria de 55.000.
Junto con los abogados Thelma Fernández, Marino Alvarado y el penitenciarista Pedro Rondón, Prado agregó que hay 33.000 detenidos en calabozos policiales, lo que sumaría cerca de 95.000 presos en total.
Estos números representan 58 % de sobrepoblación carcelaria, más de 800 % de hacinamiento crítico en las cárceles y por encima del 100 % en los calabozos venezolanos.
Según la organización, estas cifras contradicen los estipulado por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos —conocidas como Reglas Mandela.
“La situación de nuestras cárceles está muy distante de estas normas, pero hay que saber que es una orden para los países ponerlas en funcionamiento y adecuar su legislación a esas reglas, por eso esperamos que gobiernos como el nuestro, que dice respetar los derechos humanos, las tomen, implementen e impulsen”, sentenció Prado, quien agregó que uno de los grandes errores del Ejecutivo es no reconocer las fallas del sistema penitenciario.
El director de la ONG añadió que la solución ante la crisis no es la construcción de más cárceles, sino revisar las leyes del Estado: “La práctica mundial dice que construir una cárcel es llenarla, y ahora que vamos por el plan número 25 de seguridad, será colmarla de los más pobres. Lo que debería hacer el Gobierno es garantizar que las personas se desarrollen en sociedad, que haya trabajo y estudio porque eso es prevención del delito”.
Entre las propuestas dadas por el OVP está la descentralización del sistema penitenciario, pues la Constitución en su artículo 272 indica que las cárceles se regirán por una administración descentralizada a cargo de los gobiernos regionales o municipales.
Igualmente, añadió que aunque el Gobierno indica que 98 % de la población carcelaria está bajo supervisión militar, para la organización significa que solo 56 % está uniformado y en orden cerrado.
“No se trata de presentar un grupo de presos haciendo orden para que se vea que tienen su control, eso lo que representa es represión y amedrentamiento a la población reclusa”, declaró Prado.
Durante su paso por el estado Nueva Esparta, Prado recorrió diversos calabozos en los cuales constató las denuncias sobre hacinamiento; propagación de enfermedades de la piel y respiratorias, VIH/Sida, así como la falta de colaboración del Ejecutivo.
“Lamentablemente en Venezuela priva más la parte política que la atención al problema social que se vive día a día en esos centros de coordinación policial, próximamente presentaremos una petición para trabajar en una Ley para los gobiernos regionales y de allí se pueda lograr el otorgamiento de un presupuesto para dar alimentación a los detenidos en estos espacios, según lo establecido en el artículo 272 de la Constitución”, sostuvo.
Foto referencial: Cheché Díaz
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