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OVP prepara un plan nacional para resolver la crisis penitenciaria

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), se viene reuniendo con investigadores expertos en materia criminal y penitenciaria, con el objetivo de presentar un diagnóstico del estado de las cárceles venezolanas y posteriormente idear un plan con soluciones concretas.

En ese sentido, Prado aseguró que para erradicar la corrupción, la impunidad, las violaciones de derechos humanos y restablecer el estado de derecho en las cárceles del país, se necesita voluntad política para aplicar la ley de manera implacable y capacitar dignamente al personal.

“Las cárceles son mercados de la miseria humana, donde se ha puesto bajo tarifa todo: la vida, la integridad, el alimento, el sexo y la esperanza de un futuro mejor”, sentenció Prado.

Sin embargo, el también exdirector de la Cárcel de Yare I y II consideró posible mejorar el panorama si el personal es debidamente capacitado y se logra establecer una verdadera profesión penitenciaria.

Prado añadió que el instrumento más importante para lograr buenos resultados es el personal administrativo, técnico y de seguridad, desde el director hasta el funcionario más modesto. Esto es muy importante porque finalmente son los custodios quienes tienen contacto cotidiano con los presos.

Asimismo, se requiere de una personalidad adecuada, tanto para ser custodio como director de una prisión. En tanto, el director de OVP advirtió que “estos cargos son muy resbaladizos, tentadores, peligrosos, por lo general no están bien pagados ni suficientemente protegidos”.

Vale recordar que desde hace 19 años, desde el Observatorio Venezolano de Prisiones, se han denunciado de manera constante los problemas que aquejan a los presos, así como también se han brindado soluciones que el Estado venezolano lamentablemente no está interesado en adoptar para resolver la grave crisis penitenciaria en todo el territorio nacional.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.