El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este martes 10 de noviembre el foro virtual “Paralización de la justicia y su impacto en la población reclusa”, el cual contó con la participación de un destacado panel de abogados con amplia experiencia en la defensa de derechos humanos en Venezuela.
Carolina Girón, directora del OVP, destacó que los tribunales de ejecución no realizaron supervisión de la ejecución de penas ni procesos de rendición durante la cuarentena obligatoria por COVID-19, además de que los tribunales no otorgaron libertades a pesar de que muchos reclusos tenían la pena cumplida. En los casos más extremos fallecieron en cárceles dos reclusos con boleta de excarcelación y es así como una vez más el Estado vulnera los derechos de los ciudadanos.
“El Estado es responsable de la vida e integridad del preso pero toda la carga recae sobre los ciudadanos, específicamente de la familia del recluso. En Venezuela no se condena solamente por cometer un delito, se condena también por la pobreza”, puntualizó la abogada y defensora de derechos humanos.
Por su parte Laura Louza, directora general de la organización Acceso a la Justicia, enfatizó que esta situación ya era grave antes de la pandemia, por lo que posteriormente se convirtió en inmanejable e inédito. “No quedó el tribunal funcionando”, recalcó la abogada, quien agregó que en algunos casos se permitió recibir amparos pero no se proveyó de un email o alguna herramienta para llevarlo a cabo.
Asimismo explicó que los tribunales abrieron hace apenas un mes, pero no en su totalidad por fallas con el transporte, la gasolina, los sueldos que no permiten costear pasajes, falta de luz e Internet. “El mal funcionamiento de los servicios ha afectado a los tribunales, algunos han tratado de crear una justicia virtual, aunque esta es muy importante no se puede si no se tiene Internet, luz o computadora. Los abogados carecen de medios, esto se suma a una situación de un retardo de 100%”, detalló.
“El Tribunal Supremo de Justicia sí funciona pero para el poder, no hay líneas claras. No hay seguridad jurídica, al final del día la política es usar la justicia como medio represivo y no hay una manera con la que el ciudadano resuelva sus problemas”, puntualizó Louza.
El panel también contó con la presencia de Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, quien hizo un comparativo de cómo ha sido la justica en medio de la pandemia en otros países de Latinoamérica, mostrando como ejemplo la rapidez con la que otros países comenzaron a trabajar nuevamente, en muchos casos haciendo uso de herramientas digitales para buscar solución.
“Se toma la iniciativa cuando existe un poder judicial que tiene ánimos, cuando hay jueces con espíritu de trabajo como en el caso de Argentina, que el sistema de justicia allá es federal. El 1º de mayo decidieron aprovechar el tiempo con las causas pendientes y así agilizaron muchos casos”, agregó Daniels.
En Cajamarca, Ecuador, se dictaron más de 4 mil medidas en protección en favor de víctimas de la violencia y se procesaron 296.000 expedientes en todo el país. “¿Cuántos ha resuelto el poder judicial venezolano… no hay datos”, sentenció.
De esta manera Daniels evidenció cómo la separación de poderes arrojó excelentes resultados en otros países. “Mientras que en Venezuela eso sea una fantasía, no vamos a ver un estado de derecho con condiciones. Necesitamos un poder judicial con las bases propias y no nombrado a dedo”, precisó para finalizar.
En otro orden de ideas, Raiza Ramírez, coordinadora del OVP en el estado Táchira, explicó que los casos de muchos privados que están dentro de los márgenes de pena para optar beneficios o con boletas de excarcelación no fueron procesados por la paralización de los tribunales, nada más trabajaron con flagrancia. “Durante la pandemia nada más se engrosó el número de personas privadas”, sentenció.
“Hubo muchos privados que debieron salir y no se ejecutó, hay personas con sentencia cumplida y no se pudo hacer ese proceso. A través del OVP se logró la libertad de un joven en Puente Ayala, tenía la sentencia pasada y hace poco fue que se le otorgó la libertad”, destacó la abogada como dato importante.
En ese sentido, detalló que en marzo nada más se ejecutaron 6 sentencias y, según registros del OVP, hay unos 43.992 privados en cárceles y de 37.000 a 38.000 en centros policiales, para un total de más de 80.000 privados. A pesar de esto y de datos publicados en la página del Tribunal Supremo de Justicia, de las 150 audiencias que dijeron que se celebraron en el estado Táchira, 86 fueron diferidas.
“En el Táchira había 100 boletas de excarcelación y ahora es que están empezando a salir en libertad desde hace 7 meses, además que se han convertido en negocio. Familiares denuncian que cobran por dar esas libertades”, puntualizó Ramírez.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
