José Humberto Hernández Rodríguez, de 67 años de edad, fue privado de libertad hace cinco años y actualmente se encontraba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix del estado Lara.
Este hombre se enfrentó a un sinfín de adversidades, sufrió por hambre y falta de atención médica, hasta que su cuerpo sucumbió y falleció en horas del mediodía de este 23 de marzo en el Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto. Sus familiares tuvieron que ver con mucha angustia cómo se apagaba su vida ante la flagrante y constante violación de sus derechos humanos.
El 28 de enero de 2021, a través de la Resolución 8/2021, José Humberto fue favorecido con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitadas por la ONG Defiende Venezuela, tras considerar que se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
A pesar de que el Estado venezolano fue advertido sobre su delicado estado de salud, el recluso no recibió atención médica oportuna. En varias ocasiones le negaron el traslado a un centro asistencial y la excusa siempre era la misma desde los tribunales o el Ministerio de Servicios Penitenciarios: no hay gasolina, no hay transporte, falta un permiso, etc…
Desde el primer día de su detención José Humberto fue víctima de tortura y comenzó a padecer los estragos de vida tras las rejas en Venezuela, sufrió ataques de pánico, fue diagnosticado con dos hernias en la zona pélvica que nunca fueron atendidas y posteriormente presentó un crecimiento prostático grado III muy doloroso.
Su salud se fue desmejorando conforme fue pasando el tiempo y no era atendido. La última evaluación médica fue a principios del mes de enero del 2021, cuando les diagnosticaron un derrame pleural y neumonía, indicando el médico que necesitaba atención médica inmediata.
Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la hija del recluso se trasladaba con frecuencia hasta la cárcel de Fénix pero las autoridades del penal hacían caso omiso a su preocupación por la salud de su padre.
En tanto, la esposa de José Humberto había notado que respiraba con dificultad y su alimentación no era la adecuada, por lo que se dirigieron con mayor insistencia hacia los tribunales larenses.
“A mí nadie me dice cómo debo hacer mi trabajo”, fueron las palabras del presidente del Circuito Judicial a los familiares, a quienes además les preguntó si se trataba de la persona que tenía medidas cautelares de la CIDH.
En vista de lo sucedido durante las primeras semanas de marzo con el presidente del Circuito Judicial, desde la organización Defiende Venezuela dirigieron un escrito a la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para solicitar atención inmediata para el recluso enfermo. Finalmente, el sábado 20 de marzo y tras una intensa lucha su hija Norka Hernández logró internarlo.
Los médicos del Hospital Central solicitaron una tomografía del tórax para descartar cáncer en los pulmones, la cual tiene un costo de 150 dólares. Una vez más, los familiares se vieron atados de manos por no tener los recursos económicos para cubrir el estudio y acudieron a las redes sociales para pedir ayuda.
De la misma forma se conoció que aunque José Humberto tenía dificultad para respirar no le fue proporcionado el oxígeno de la forma adecuada en el Hospital Central.
Víctima del retardo procesal
José Humberto Hernández fue imputado como cómplice no necesario en los delitos de tráfico de sustancias estupefacientes y asociación para delinquir, tras quedar detenido junto a once personas más por un cargamento de droga que salió del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto en el año 2016.
El preso se desempeñaba como vigilante en el Aeroclub y, según declaró su hija, su único delito fue haber trabajado esa noche, pues donde él laboraba no tenía acceso a los hangares del aeropuerto.
“Moriré tras las rejas siendo inocente”, eran las palabras del preso, quien lloraba con frecuencia en los rincones de su celda en Fénix Lara.
Aunque había pasado a fase de juicio, José Humberto ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. En el año 2018 fue atendido en un Plan Cayapa y la Viceministra del Ministerio de Servicios Penitenciarios le prometió una medida humanitaria debido a su condición de salud, pero no fue otorgada porque su expediente penitenciario estaba perdido.
La hija de José Humberto también tuvo la oportunidad de hablar con Iris Varela, quien en ese entonces era Ministra de Asuntos Penitenciarios, durante la visita de los delegados de Comisión Técnica de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) al estado Lara en marzo del 2019; sin embargo, nunca le dieron respuesta y su caso nuevamente quedó en el limbo.
La muerte de José Humberto no es más que el reflejo de la destrucción del sistema penitenciario en manos del Estado venezolano y sus precarias instituciones.
El hambre, el hacinamiento y la falta de atención médica están acabando con la vida de los presos venezolanos, incluso hasta de aquellos como José Humberto que fueron vistos de cerca por organismos internacionales y aún así nadie se hace responsable por su trágica muerte.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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