La Juez admitió la acusación por homicidio calificado, corrupción propia, introducción de armas de fuego y omisión al socorro
Luego de 3 años y siete meses de los hechos, este martes se dio la audiencia preliminar del caso de la Masacre de Policarabobo, donde fallecieron quemados y por impactos de arma de fuego, 69 personas en la sede de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, ubicada en la calle Navas Spinola de Valencia, estado Carabobo.
En este caso que conmocionó a la opinión pública del mundo, por lo dantesco de los hechos y las imágenes que se registraron a través de los medios de comunicación y las redes sociales, se han registrado muchas irregularidades, tal como lo ha constatado el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que ha hecho seguimiento a este caso junto a las víctimas. Por ejemplo, solo hay cinco imputados, a pesar de que participaron cerca de 50 funcionarios, no solo de la Policía estadal, sino también del CICPC, y no se ha establecido la responsabilidad de la cadena de mando. Se han perdido documentos claves que deberían estar en el expediente como las declaraciones rendidas ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de varios funcionarios.
Ayer, luego de 32 convocatorias, la juez 9ª de Control, Melissa de Souza, realizó la tan anhelada audiencia, la cual se extendió desde las 2 de la tarde hasta pasadas las 8 de la noche, declarando este caso como un delito de lesa humanidad, por lo cual admitió la acusación completa presentada por el Ministerio Púbico y el Comité de Víctimas de la Justicia y la Verdad, representado por la abogada Lylí López, donde se solicitan los cargos por homicidio calificado para el sub director José Luis Rodríguez y de complicidad necesaria para los 4 acusados, así como el delito de corrupción propia, de introducción de armas de fuego y delito de omisión al socorro.
Durante el acto uno de los funcionarios acusados, Sergio Rodríguez Rodríguez, ofreció su declaración al tribunal, donde relató todos los hechos tal cual como sucedieron, e indicó que él no participó, solo era el escribiente, y fue obligado por sus superiores a no dejar ninguna evidencia en el libro de novedades.
Los familiares de las víctimas manifestaron su satisfacción por este importante paso, y afirmaron que continuarán sin descanso luchando para que se haga justicia. Por su parte, la abogada representante del Comité de Víctimas, Lylí López también indicó que la causa sigue abierta, y continuarán las averiguaciones sobre el destino de los dos cuerpos desaparecidos de Rafael Ortega Sánchez y Jesús Antonio Rivas Lameda. “Este es apenas el primer paso, pero por fin se está haciendo justicia”, concluyó López.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
