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Presas del INOF son castigadas y aisladas luego de las requisas

Familiares de mujeres privada del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) de los Teques, estado Miranda, en comunicación con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informaron que luego de una requisa, donde presuntamente incautaron varios celulares, fueron castigadas con tres meses sin visitas ni paquetería.

Tomando en cuenta que la alimentación de las privadas de libertad de este lugar consiste principalmente en lo que le envían sus más cercanos como “paquetería”, ya que la comida proporcionada en este lugar no es balanceada, la cual consiste en frijol chino y una arepa amarilla, a veces acompañada con agua de avena sin ningún tipo de proteínas, es un riesgo, ya que depender únicamente de la “dieta” de este centro de reclusión es una amenaza para la salud de las reclusas por no cumplir con los requerimientos mínimos para una alimentación balanceada.

Además de esto, la paquetería esta condicionada a las reglas del lugar, la cual prohíbe ciertos alimentos, como el refresco negro, café. En el caso de los alimentos preparados y que son enviados por los familiares, deben ser consumidos en el área de visita antes de subir a las celdas, esto quiere decir que el acceso a una comida digna, es solo el dia de entrega de paquetería o visitas que es cada quince días, los demás alimentos que sí pueden ingresar a las celdas, son panes, catalinas y algunos productos envasados que no duran mucho por no tener como refrigerarlos.

Cuando hay irregularidades se les castiga con la prohibición de visitas o entrega de paquetería. Actualmente, el piso 3C se encuentra sometido a este castigo durante 3 meses por una presunta pelea que se dio entre una interna y una custodia; la primera posteriormente fue trasladada a un área denominada “el tigrito” como espacio de castigo, luego de esto el módulo fue requisado e incautados teléfonos celulares.

La población reclusa de este lugar actual es cercana a 700 internas; aunque esta información data del mes de enero ya que los familiares observan una cartelera al ingresar al centro donde indican las cifras de internas.

El 100% de esta población sufre de problemas graves de suministro de agua, las internas deben cancelar 1$ semanal por el líquido, el costo del servicio de cisterna es de 35$, este monto es entregado a una reclusa encargada de esta colecta, y la que hace “la gestión” de la cisterna. Aquí no existe figura de pranato, aunque existen algunas reclusas con mayor jerarquía o poder denominadas “Machitos” que son las que se encargan de este control.

Familiares también sufren de abusos en este lugar

Los días de visitas, los familiares pueden permanecer largas horas a la espera de que el personal de custodia, les permita pasar, esto puede durar desde las 6 am hasta las 12 pm o más. Para ingresar deben ser requisados por custodias y se les manda a desnudar. En oportunidades tienen que pujar frente a ellas, las requisas tanto de hombres como de mujeres, suelen ser bastante invasivas. Las visitas tienen una duración de una sola hora, los familiares deben estar debidamente registrados en el sistema para poder ingresar.

Con relación a estas visitas, se permite el ingreso de padres, hijos y hermanos. Desde el inicio de la cuarentena en marzo de 2020 no se permiten visitas conyugales, ni visitas para niños. Apenas en diciembre del año pasado se realizó una visita especial de niños, donde las reclusas pudieron ver finalmente a sus hijos. Pero luego de esa visita no se les ha permitido nuevamente ese tipo de visitas.

A pesar de que familiares informan que las reclusas duermen en literas con colchonetas y las  celdas no presentan hacinamiento, las políticas internas de este centro de reclusión afectan la posibilidad de llevar una vida digna mientras se paga condena, el limitado acceso a alimentos y servicios básicos, pone en riesgo la salud física y mental de las mujeres privadas de libertad.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones 

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.