Un aproximado de 50 personas se encuentran privadas de libertad en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de la Guardia Nacional del estado Lara, quienes denuncian que son objeto de constantes maltratos por parte de los funcionarios y que conviven en total hacinamiento.
La sede del CONAS Lara se encuentra en una urbanización privada, al este de Barquisimeto. Se trata de una vivienda que fue confiscada en medio de un procedimiento por legitimación de capitales, y posteriormente entregada a este organismo de la Guardia Nacional.
Una caseta de vigilancia que se encuentra en la entrada de la casa fue habilitada para ser un calabozo temporal, pero esto pasó a ser un recinto permanente para quienes son detenidos por el CONAS Lara. En el lugar hay aproximadamente 34 hombres que duermen entre sentados o en sábanas que cuelgan de la pared, así como también habitan al menos 16 mujeres, quienes en un principio permanecían en una piscina vacía, hasta que construyeron una especie de calabozo para ellas.
Esta caseta que pasó a ser un calabozo ha llegado a albergar a más de 50 presos, y aunque en este momento son menos, aun así conviven en hacinamiento.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer que desde hace más de un mes estos hombres y mujeres se han quejado por los constantes maltratos de los que son víctimas por parte de los funcionarios de la Guardia Nacional. Las damas aseguran ser víctimas de insultos y los hombres dicen ser golpeados en cada requisa sorpresiva que les hacen.
Este domingo 19 de mayo suspendieron las visitas para los hombres que se alzaron para exigir traslados. Después del motín les realizaron una requisa en la que les botaron todas sus pertenencias y supuestamente los golpearon.
El equipo del OVP también fue informado acerca de que hace más de un mes los presos fueron trasladados a la sede de la Policía Municipal de Iribarren, para hacer unos arreglos al calabozo en donde permanecieron al menos una semana. Al ser regresados, les habían botado sus pertenencias, incluidos los uniformes, útiles de aseo diario, colchonetas y sábanas, todos objetos de suma necesidad que debieron ser sustituidos nuevamente por sus familiares.
En el mismo orden de ideas, se conoció que estos detenidos no reciben atención médica y ni siquiera tienen acceso a agua potable, la cual deben suministrarles sus familiares, quienes además deben llevarles los alimentos a diario. Hay reclusos que ni siquiera pueden comer porque sus familiares no tienen los recursos económicos para trasladarse todos los días hasta la sede castrense.
La petición de los hombres y mujeres recluidos en la sede del CONAS Lara es que respeten sus derechos humanos, que consisten en mejor atención y trato, además de cumplir con los traslados a centros de reclusión en vista de que muchos de ellos superan el plazo de 48 horas de prisión preventiva, tal como establece la Constitución.
En tanto, es propicia la oportunidad para recordar que tanto los militares como los funcionarios policiales carecen de formación para la atención de personas privadas de libertad, es por ello que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigimos que se cumplan las normas y procedimientos establecidos para el encarcelamiento, respetando los derechos humanos y el debido proceso.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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