En cada recinto penitenciario o calabozo policial los privados de libertad hicieron fotos y videos para informar que se estaban uniendo a la huelga de hambre, destacando entre sus principales peticiones la actualización oportuna de sus cómputos de pena, redenciones de penas, el otorgamiento de medidas humanitarias, traslados a los penales de origen, así como la reforma de algunos artículos del Código Orgánico Procesal Penal que no los benefician e incrementa el retardo procesal procesal que atenta contra sus derechos humanos.
Tras 48 horas de protesta pacífica, los familiares de los privados de libertad salieron a las calles para apoyar a los presos y, con pancartas en mano, acudieron a las sedes de los tribunales de cada estado. Además de pedir celeridad en el ámbito judicial, también clamaron por atención médica oportuna, acceso constante al agua potable y mejoras en la alimentación en los penales, donde durante años han sobrevivido sin ingesta de proteína y con una dieta a base de arepa sin relleno y granos.
Al mismo tiempo que se unían los familiares a la protesta, era destituida la Vicealmirante Celsa Bautista de su cargo como Ministra de Servicio Penitenciario, en el que solo permaneció durante poco más de un año. En sustitución fue designado el diputado Julio García Zerpa, quien inició su gestión visitando los estados Carabobo y Lara.
Entre el jueves 13 y viernes 14 de junio los internos poco a poco desistieron de la huelga de hambre, tras un acuerdo con el Ministerio de Servicio Penitenciario, en el que iniciaron los traslados de algunos detenidos a los diferentes tribunales del país. Además se supo que han otorgado algunas libertades pendientes, y comenzaron a instalar mesas técnicas en algunos recintos carcelarios para revisar las causas de los detenidos.
En su cuenta de X, el nuevo Ministro informó que además de atender a la población reclusa, están atendiendo y recibiendo las denuncias de los familiares de los privados de libertad.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) nos hemos mantenido atentos ante todas estas protestas pacíficas, que iniciaron en los centros de reclusión y calabozos policiales, además de visibilizar, documentar, denunciar e interponer las acciones en el ámbito nacional e internacional.
Como organización recomendamos al nuevo ministro:
1. Mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, garantizando acceso a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias, lo cual garantiza la vida e integridad de la población reclusa, incidiendo en la seguridad dentro de las instalaciones.
2. Crear las políticas y mecanismos necesarios para dar cumplimiento a las garantías y protecciones judiciales, considerando que es un problema multifactorial y uno de los más preocupante en los actuales momentos.
3. Promover formación y capacitación del personal de seguridad y custodia con un enfoque basado en derechos humanos.
4. Atacar la corrupción para erradicarla de los establecimientos penitenciarios.
5. Diseñar un Plan estratégico de educación para toda la población, no hay mejor herramienta para erradicar el ocio carcelario que la educación y trabajo.
6. Para reducir el hacinamiento, podría adoptar otras medidas de detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de los penales, e igualmente reduciría la carga sobre el sistema judicial y de seguridad.
7. Garantizar un enfoque diferenciado que proteja a los grupos vulnerables dentro de las prisiones como: personas LGBTIQ+, con discapacidad, pertenecientes a la comunidad indígena, jóvenes en conflicto con la ley penal, adultos mayores, mujeres en prisión, entre otros.
Otro mundo es posible… otras cárceles son posibles.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Fotos: Cortesía
