Familiares de un grupo de presos políticos recluidos en el Centro Penitenciario de Tocorón, en el estado Aragua, denunciaron que están siendo forzados a participar en actividades religiosas de la fe evangélica, vulnerando su derecho a la libertad de culto. Aseguran que quienes se nieguen a participar corren el riesgo de ser castigados.
Uno de los hechos que generó gran preocupación ocurrió el 31 de diciembre de 2024, cuando los presos fueron obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción. De acuerdo con fuentes cercanas a la situación, aquellos que expresaron su negativa a participar en estas actividades religiosas fueron amenazados con represalias, que podrían incluir restricciones en visitas, aislamiento o tratos degradantes por parte de las autoridades penitenciarias.
Según el testimonio de los familiares, el director del penal, quien presuntamente es muy cercano al ministro para el Servicio Penitenciario y que además profesa la religión evangélica, habría llegado a un acuerdo para promover la evangelización dentro de esta cárcel. Esto se traduce en la imposición de prácticas religiosas a los presos, limitando aún más su libertad y sometiéndolos a presiones que vulneran sus derechos fundamentales.
Ahora bien, es importante destacar que la imposición de una religión dentro de un centro penitenciario atenta contra la libertad de pensamiento y de conciencia, principios fundamentales reconocidos tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales de derechos humanos.
El artículo 59 de la Constitución venezolana establece claramente que “el Estado garantizará la libertad de religión y de culto. Toda persona tiene derecho a profesar su fe religiosa y a manifestarla, siempre que no se oponga a la moral, a las buenas costumbres y al orden público”. Asimismo, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es signataria, protege el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y prohíbe la coacción que pueda menoscabar esta libertad.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), destacó que estas denuncias refuerzan la preocupación sobre la falta de garantías y el deterioro de los derechos fundamentales dentro del sistema penitenciario venezolano. “Lo que está ocurriendo en esta cárcel es una violación flagrante de los derechos humanos y de la libertad de culto. No se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad. Es el colmo que el régimen no solo los mantenga detenidos en condiciones inhumanas, sino que ahora también pretende imponerles una doctrina religiosa, negándoles su derecho a decidir sobre sus propias creencias”, agregó Prado.
La situación de los presos políticos en Venezuela ha sido motivo de alerta para la comunidad internacional. Diversos informes han señalado que, además de la persecución judicial, los detenidos por razones políticas sufren torturas, tratos crueles e inhumanos, y condiciones de reclusión deplorables. Ahora, la denuncia sobre la imposición de una religión suma un nuevo capítulo de violaciones a sus derechos fundamentales.
En ese sentido, los familiares de los presos políticos manifestaron su preocupación y solicitaron la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “No solo están injustamente encarcelados, sino que además se les somete a un adoctrinamiento forzado. Necesitamos que esta situación sea visibilizada y que se exija respeto por sus derechos”, expresó un familiar de un detenido en Tocorón.
Desde el OVP hacemos llamado urgente a las autoridades penitenciarias para que garanticen la libertad de culto y cese cualquier práctica de coerción religiosa. Además, exhortamos a la comunidad internacional a pronunciarse y a presionar para que se respeten los derechos de los presos políticos y sociales en el país.
“Desde OVP seguiremos denunciando estos atropellos y exigiendo condiciones dignas para la población penitenciaria en Venezuela. La libertad de culto es un derecho inalienable, y su violación es una muestra más de la sistemática vulneración de derechos humanos en el país, porque mientras no haya voluntad política para garantizar el respeto por los derechos humanos, la población reclusa seguirá enfrentando situaciones de extrema vulnerabilidad”, concluyó Prado, abogado y defensor de derechos humanos.
