Cumpliendo con la peor de sus amenazas, el régimen de Nicolás Maduro concretó el traslado de más de 700 presos políticos, detenidos arbitrariamente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, quienes se encontraban en calabozos policiales de todo el territorio nacional y fueron llevados hasta las cárceles de Tocuyito y Tocorón.
Los movimientos inusuales se viralizaron a través de las redes sociales con desgarradoras imágenes en las que los familiares ven con terror como sus seres queridos, a quienes hasta la fecha no les permiten visitas ni la designación de sus abogados de confianza, son trasladados hacia cárceles sin previo aviso y a cientos de kilómetros de distancia.
El pasado domingo 25 de agosto trascendió, según la versión de los familiares, que un grupo de personas fueron ingresadas al Internado Judicial Capital “Yare III”, donde presuntamente les raparon el cabello y uniformaron con franelas y pantalones azules, para posteriormente ser trasladados en al menos 14 autobuses hacia el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como “Tocorón”; el Centro de Formación Hombre Nuevo Libertador, conocido como “Fénix Carabobo”, y las instalaciones del desalojado Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como “Tocuyito”.
El lunes 27 de agosto, también se reportaron traslados desde la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de San Francisco en el estado Zulia y desde el Dirección de Investigaciones Penales de la PNB en Barinas, hacia la región central del país donde se ubican las cárceles de Tocorón y Tocuyito. Una vez más les negaron información a los familiares sobre cuál sería el destino de sus familiares.
En tanto, el viernes 30 de agosto, familiares del estado insular Nueva Esparta denunciaron que en un avión trasladaron a un grupo de presos político hacia tierra firme en una clara violación al debido proceso. También se reportaron traslados desde los estados Táchira y Apure.
Hasta la fecha, a ninguna de las personas trasladadas en los días anteriormente mencionados se les ha permitido el contacto con sus familiares ni la designación de sus abogados de confianza, por lo que desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) estamos monitoreando y documentando la situación. Preocupa en gran medida que estas personas privadas de libertad no han sido sometidas a chequeos físicos ni psicológicos, aunado a que ni siquiera se han preocupado por la atención integral de las personas con enfermedades preexistentes y discapacidad.
En este punto es importante destacar que la detención arbitraria tiene un impacto devastador en la salud mental de las víctimas, dejando secuelas que pueden durar toda la vida porque el aislamiento, la incertidumbre y el miedo constante generan altos niveles de ansiedad, estrés postraumático y depresión. Durante el encierro, las víctimas suelen experimentar una sensación de impotencia y vulnerabilidad extrema, lo que puede llevar a trastornos psicológicos graves, como alucinaciones, paranoia y pérdida del sentido de identidad. Además, las secuelas de la detención arbitraria no terminan con la liberación.
Las personas que han sido detenidas de manera injusta a menudo enfrentan dificultades para readaptarse a la vida cotidiana, sufriendo de insomnio, pesadillas y un estado de alerta constante. El estigma social y el trauma emocional prolongado pueden afectar sus relaciones interpersonales y su capacidad para mantener un empleo, perpetuando un ciclo de sufrimiento y exclusión social. El daño causado por estas experiencias es profundo y, en muchos casos, irreparable.
Ahora bien, también observamos con suma preocupación que los traslados a estos detenidos se llevaron a cabo con muchas irregularidades, incluso algunos bajo engaño, pues no les avisaron a sus familiares y muchos de ellos se enteraron cuando fueron a llevarles la comida a las comandancias policiales.
Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones serán.
El equipo de OVP se mantiene vigilante ante estos hechos que no han hecho más que violentar las garantías judiciales y los derechos humanos de cada uno de los detenidos arbitrariamente, para informar exhaustiva y oportunamente al sistema internacional e interamericano de protección de los DDHH.
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