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Washington D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión condena las recientes acciones y decisiones de funcionarios, organismos y el aparato de seguridad del Estado de Venezuela dirigidas a censurar a la prensa y a medios de comunicación extranjeros que investigan hechos de interés público en suelo venezolano o difunden información sobre la gestión de gobierno. La Relatoría Especial manifiesta su alarma por la repetición y el impacto de estas medidas en la libertad de expresión y la vigencia del orden democrático en Venezuela.
El miércoles 15 de febrero el canal de noticias estadounidense CNN en Español fue suspendido y su transmisión retirada en todo el territorio venezolano. De acuerdo con un comunicado emitido por la Comisión Nacional de Televisión (Conatel), se inició un procedimiento administrativo sancionatorio y la aplicación de medidas cautelares como parte del mismo. Conatel añadió que el proceso se habría iniciado debido a que el contenido transmitido por el canal atenta contra la “paz y la estabilidad democrática” de Venezuela puesto que “difaman y distorsionan la verdad”. El 12 de febrero en una alocución pública, el Presidente de la República Nicolás Maduro habría advertido a la cadena internacional CNN que sería expulsada de Venezuela por entender que el canal internacional “manipula” información, en referencia a un reportaje que la cadena publicó sobre los reclamos públicos que una joven le hiciera al Presidente Maduro por las condiciones en las que se encontraba su escuela y la falta de alimentación para los estudiantes de la misma. Además de un reportaje sobre la presunta venta de pasaportes por parte de oficiales de la embajada venezolana en Iraq a personas con presuntos vínculos con terrorismo.
La Canciller Delcy Rodríguez justificó la salida del aire del canal en la supuesta existencia de una campaña mediática de propaganda de guerra contra Venezuela a raíz del reportaje de la venta de pasaportes y lo vinculó con una presentación del senador Marco Rubio en el Congreso de EEUU.
En un comunicado CNN defendió la veracidad del reportaje, aseguró que la investigación lleva más de un año y los documentos presentados no han sido refutados por el Estado, a cuyas autoridades se consultó para que dieran su versión.
El 11 de febrero los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira y los miembros de la organización anticorrupción Transparencia Venezuela, Jesús Urbina y María José Túa, fueron detenidos por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cuando se encontraban realizando fotografías y videos del Puente Nigale en la ciudad de Maracaibo, como parte de las investigaciones que adelantaban los periodistas sobre Odebrecht. Dicho puente habría sido una iniciativa del ex Presidente Hugo Chávez la cual se habría ejecutado con la empresa brasilera Odebrecht y que a la fecha se encontraría aún inconclusa.
De acuerdo con la información disponible, los computadores, cámaras y celulares de los comunicadores fueron confiscados por las autoridades. Los activistas habrían sido puestos en libertad en horas de la noche, sin embargo, los periodistas de nacionalidad brasileña habrían permanecido detenidos cerca de 36 horas y habrían sido obligados a abandonar el territorio venezolano el 12 de febrero. Los periodistas habrían sido interrogados e intimidados por los miembros del Sebin durante el tiempo que estuvieron detenidos.
En el mes de enero, en tanto, altas autoridades del Estado y el Conatel criticaron la emisión de la serie de televisión ‘El Comandante’, una producción extranjera inspirada en la vida del ex Presidente Hugo Chávez transmitida por canales internacionales. Ante la presión gubernamental los operadores de cable optaron por no transmitirla en el territorio venezolano. Durante esos días, Conatel y el diputado Diosdado Cabello lideraron una campaña en redes sociales con las etiquetas #AquínosehablamaldeChávez y #NuestroChavezdeverdad para promover la memoria del fallecido ex Presidente. Si bien no se han establecido cuales serían las sanciones para las emisoras o cable operadoras que transmitan la serie, la misma no ha sido emitida en territorio venezolano.
El artículo 13 de la Convención Americana establece el derecho de toda persona a la libertad de expresión, y precisa que este derecho comprende, “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
El principio 5 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión consagra que “La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
La Relatoría Especial reitera la importancia de “crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones”. La Relatoría Especial recuerda que: la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o estigmatizadas por ello.
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión de forma tal que se les garantice a los periodistas y medios de comunicación ejercer, sin intervenciones indebidas, el derecho pleno a la libertad de expresión. De la misma manera, debe evitarse el uso de medios directos o indirectos para impedir la circulación de opiniones críticas o denuncias contra autoridades del gobierno.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
