Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), subdelegación municipal de Barquisimeto, trasladó a Carlos Eduardo Alvarado Salas, de 42 años de edad, hasta su sede en la Zona Industrial para un supuesto interrogatorio, pero su familia lo encontró muerto en la morgue del Hospital Central Antonio María Pineda del estado Lara.
El miércoles 4 de noviembre, Carlos Eduardo llegó a las 7:00 de la mañana a la construcción donde trabajaba e inmediatamente fue abordado por los funcionarios del CICPC, quienes lo acusaban de estar involucrado en un presunto robo de materiales de construcción.
Los familiares relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que la víctima fue presuntamente golpeada durante el interrogatorio, así como también indicaron que se trataba de un hombre muy nervioso y temeroso, por lo que desconocen cómo sería su reacción al estar bajo presión en un recinto policial.
Según el relato de los deudos, Carlos Eduardo le clamó a los funcionarios que no lo dejaran detenido porque era claustrofóbico y además le tenía miedo a la oscuridad. “No lo cuidaron, no se apiadaron de él y lo encerraron en un cuarto oscuro. Él empezó a gritar desesperado, pedía que lo sacaran, pero nadie le hizo caso, lo vieron que empezó a temblar y no era del miedo, era que estaba convulsionando, comenzó a botar espuma por la boca y después le dio un infarto”, detalló un familiar quien obtuvo toda la información a través de una fuente interna en el mismo despacho donde ocurrieron los hechos.
Asimismo se conoció que el hombre no recibió atención médica inmediata y su cuerpo fue levantado dentro de la sede del CICPC horas después del deceso. Por otra parte la familia no fue notificada del hecho, ni siquiera sabían dónde se encontraba desde que se lo llevaron de su lugar de trabajo.
No fue sino hasta pasadas las 4:00 de la tarde que los funcionarios policiales buscaron a la esposa de la víctima y la llevaron directamente a la sede del Eje de Homicidios, donde le preguntaron si el hombre tenía alguna patología. La dama contestó sobre la claustrofobia y posteriormente le informaron sobre su muerte.
Lo quisieron cremar
El viernes 6 de noviembre el cuerpo de Carlos Eduardo aún se encontraba en la morgue del principal centro asistencial del estado Lara. Las autoridades cubrieron el cadáver con una bolsa negra y fue identificado como una persona con COVID-19 y su acta de defunción indica que “murió a consecuencia de sepsis punto de partida respiratorio, neumonía de base Y sospechoso de COVID-19”, enfermedad que no poseía según aseguraron sus familiares.
El cadáver fue retirado de la morgue con una orden de cremación, pero los deudos notificaron el hecho ante Sanidad e indicaron que irían hasta el Ministerio Público. Tras estas diligencias, el cadáver fue devuelto a la morgue.
Mientras la familia esperaba por la entrega del cuerpo, los funcionarios del CICPC se mantuvieron en la morgue a modo de coaccionarlos para que no hicieran fotos ni velaran los restos, que finalmente fueron entregados a las 3:00 de la tarde y directamente sepultados.
Durante el entierro, la familia estuvo acompañada por los mismos funcionarios, quienes tomaron fotos y no se retiraron hasta último momento. “Murió en sus manos, en sus oficinas, sin auxilio. Ni siquiera lo reseñaron, no le notificaron a la Fiscalía, nos lo mataron”, aseveró uno de los deudos, quien exigió una investigación exhaustiva, oportuna y veraz por parte del Ministerio Público para que se haga justicia en lo que a su parecer se trató de un asesinato.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
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