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Un nuevo show: “Richardi”entregó Tocuyito

A las 11:00 de la noche de este martes 24 de octubre, los privados de libertad del Complejo Penitenciario de Carabobo, mejor conocido como Tocuyito en el estado Carabobo, avisaron a sus familiares que probablemente serían trasladados a otros estados porque el penal fue entregado al régimen, tras una presunta negociación con los pranes.

Esto dejó en evidencia que, una vez más, el régimen anunció una “intervención” del sistema penitenciario pero realmente se trató de una negociación con Néstor  Richardi Sequera Campos, alias “Richardi”, o como ahora se hacía llamar “RSiete”, quien era el pran o “Papa” del penal.

A las 12:30 am, “Richardi” subió una storie en su cuenta de Instagram para despedirse, indicando que llegaba el momento de “free Rsiete” (Rsiete en libertad). Además escribió que no sabía cuándo volvería a tener contacto con sus seguidores, pero aseguró que solo se trataba de un hasta luego, mientras que en otra fotografía se mostraba lleno de cadenas de oro, reflejo de la ostentosa vida que llevaba.

A la 1:00 de la mañana del 25 de octubre se realizó la toma del centro penitenciario por parte de los funcionarios de diversos cuerpos de seguridad. Algunos familiares que pernoctaban dentro de Tocuyito fueron los primeros en salir, después lo hicieron los presos enfermos.

Algunos equipos fueron destruidos, al igual que algunas habitaciones, a las que los presos les prendieron fuego para que no quedara nada.

Según los videos mostrados por el Ministerio de Interior y Justicia, localizaron armas largas que habían sido enterradas y perfectamente envueltas, lo que evidencia que estaban preparados para lo que sucedería.

Cabe destacar que Tocuyito tenía una población de 3.761 y una capacidad para 1.000 internos, por lo que había un hacinamiento de 343%, según la información que manejamos desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). 

Asimismo se conoció que en el penal se cobraba una causa de 20 dólares mensual, lo que le dejaba un  ingreso mensual de 70 mil dólares. Es de resaltar que dentro del penal contaban con un estudio musical, tenían animales y muchos espacios que fueron construidos por estos reclusos para manejar negocios de venta de comida, alcohol y hasta un banco.

Todo esto bajo el conocimiento del Ministerio de Servicios Penitenciarios, quienes por años callaron y se hicieron de la vista gorda ante esta situación, al igual que la del Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Hasta ahora en estos desalojos solo se habla de investigaciones a directores y funcionarios, pero desde OVP nos preguntamos ¿Qué pasa con la responsabilidad de la Ministra de Servicio Penitenciario? La ministra sabía todo lo que ocurría intramuros e incluso parte de su personal tenía entrada al penal.

También nos preguntamos: ¿Dónde está Richardi?, ¿Acaso logró escapar? En el caso de que este pran esté libre, ¿qué le ofrecieron a cambio de su libertad? Son más interrogantes las que existen en cuanto a este nuevo desalojo y esperamos que no sea como el “Niño Guerrero”, de quien se desconoce su paradero a más de un mes de concretarse el desalojo, pues ahora no solo sería un pran prófugo sino dos los poderosos líderes negativos en libertad.

Es de resaltar que los desalojos de los penales conocidos como los más peligrosos del país se dieron en fechas importantes. Por ejemplo, Tocorón fue desalojado cuando se generaba el informe de la Corte Penal Internacional (CPI) y ahora Tocuyito cuando se dio a conocer que en las elecciones Primarias 2023 votaron más de 2 millones de venezolanos.

Familiares angustiados

En las afueras del penal se encontraban los familiares de los privados de libertad, quienes desconocen qué pasará con sus seres queridos, a dónde serán trasladados.

Es muy importante que los familiares tengan información, por lo que desde OVP solicitamos que sea publicado un listado para que sus familiares conozcan en que penal serán reubicados.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Foto de Román Camacho

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.