La ilusión de muchas mujeres es darle vida a una criatura inocente y verla crecer en libertad. Sin embargo, las privadas de libertad en Venezuela viven un verdadero infierno cuando además de luchar por su propia supervivencia, también se ven obligadas a vivir en el abandono y la miseria junto a sus hijos recién nacidos.
Hace 27 días nació el hijo de Joselín Bejarano, quien se angustia y llora todos los días por las condiciones inhumanas en las que sobrevive junto a su bebé. Ambos habitan en una celda del Centro de Coordinación de Cantaura de la Policía de Anzoátegui, donde no tienen acceso a la luz solar, el oxígeno es escaso y el hedor haría vomitar a cualquiera.
Joselín tiene 34 años de edad, y fue condenada a 13 años y 4 meses de prisión. Actualmente lleva 10 años tras la rejas y, según la legislación venezolana, es candidata a recibir una medida alternativa a la privación de libertad.
Cabe destacar que, durante estos últimos 10 años, Joselín cumplió su condena en calabozos policiales, aunque su permanencia allí no debió superar las 48 horas después de su detención. Este sería uno de los pocos casos en el territorio nacional, quizás el único, en el que una mujer permanece durante tanto tiempo en centros de detención policial.
Hasta ahora este es uno de los casos más alarmantes que ha recibido el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el cual fue denunciado por Alcides Magallanes, director institucional de la Fundación Derechos Humanos Anzoátegui, quien además le está haciendo seguimiento.
Luchando por su vida
Durante una conversación con el equipo de OVP, Joselín relató que tiene tres años en Cantaura y durante sus nueve meses de gestación compartió celda con al menos diez mujeres más.
El 25 de mayo fue ingresada al Hospital, donde le practicaron una cesárea y finalmente pudo ver el rostro de su hijo. El 26 de mayo ambos recibieron el alta médica y fueron trasladados de vuelta a la oscura celda de Polianzoátegui.
Escasos días después de ser intervenida quirúrgicamente, Joselín fue reubicada en soledad dentro una celda que era utilizada para guardar colchonetas y algunos objetos de oficina.
Este espacio tiene filtraciones en las paredes, todo se moja cuando llueve y la humedad es realmente asfixiante. Además, tiene un baño insalubre y le colocaron una cama pequeña para que durmiera junto a su bebé.
A pesar de sentirse realmente desesperada, Joselín pensó que esta situación sería solo por poco tiempo, pues en días anteriores había sido atendida en un Plan Cayapa y le prometieron que recibiría una medida de apostamiento en su hogar.
Madre e hijo se han enfermado con fiebre, e incluso Joselín sufrió una infección en su herida luego de que su cuerpo expulsara algunos puntos de sutura. La madre de la privada de libertad es quien ha tenido que costear el tratamiento médico.
En vista de todos los hechos, Defensa Pública y el Ministerio Público también solicitaron una medida de apostamiento en su hogar ante la Juez de Ejecución Nº 2, Yenny Carolina García.
Ante la falta de respuestas que la ayuden a brindarle una vida digna a su bebé, Joselín grabó un video para denunciar todas sus penurias, pero nunca se imaginó que sería víctima de represalias por parte de quienes ostentan el poder judicial.
Como parte de estas represalias, les clausuraron la única ventana por la que Joselín y su bebé recibían unos pocos rayos de luz solar al día. Además de eso y como si el espacio fuera suficiente, planean mudar a otra mujer a la misma celda con la presunta intención de vigilarla.
“Deja la denunciadera, si sigues denunciando tomaremos correctivos”, fueron las palabras de la coordinadora de Policantaura, Iraly Silva, en forma de amedrentamiento contra Joselín.
Es de resaltar que esta situación puede ser calificada como trato cruel, degradante e inhumano, considerando además que el estrés y la zozobra a la que es sometida la madre durante la etapa de amamantamiento también afecta la psiquis y el desarrollo del lactante.
Asimismo, el pasado domingo, Silva le informó a la privada de libertad que la Juez de Ejecución Nº 2 ordenó su traslado para el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), a 437.2 kilómetros del núcleo familiar que la ayuda con medicamentos y alimentos, a pesar de sus escasos recursos.
Por si fuera poco, le solicitaron comprar dos monos, dos franelas, zapatos, dos colchonetas y los artículos de aseo personal de ella y su bebé. Cómo pretenden que una reclusa costee los gastos de un uniforme, cuando ha tenido que pasar varios días sin comer porque su madre no tiene 30 dólares diarios para pagar el transporte hasta la comandancia policial.
Ahora bien, el traslado de Joselín no sería más que una represalia por la denuncia que se hizo pública. Recordemos una vez más que a esta mujer le falta poco tiempo para cumplir la totalidad de la pena y puede optar por una medida cautelar.
Finalmente, es necesario destacar que el traslado al INOF no es una solución para Joselín. Recordemos que la función del juez de ejecución es velar por los derechos humanos del privado de libertad, pero en este caso se está apoyando una arbitrariedad y un castigo contra una joven madre que solo quiso elevar su voz por una mejor vida para su hijo recién nacido.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
