Una constante violación de sus derechos humanos denunciaron los presos extranjeros del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar”, mejor conocido como el antiguo anexo de La Planta en Caracas, el cual fue reinaugurado el año pasado para albergar a los presos originarios de otros países.
En una carta dirigida a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los presos extranjeros denunciaron el incumplimiento de las Reglas Mínimas para el Tratamiento al Recluso, instrumento internacional de las Naciones Unidas (ONU), también conocidas como Reglas Mandela.
En ese sentido, Prado recordó los principios fundamentales de las Reglas Mandela, las cuales fueron distribuidas por el OVP a lo largo y ancho del territorio venezolano:
- Las reglas deben aplicarse de forma imparcial y sin discriminación.
- El sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad y el despojo del derecho a la autodeterminación de las personas detenidas.
- Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto seres humanos. Nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Se tendrán en cuenta las necesidades individuales de los reclusos, en particular lasde las categorías más vulnerables en el contexto penitenciario.
- Se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad.
- Las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia.
- Esos objetivos sólo pueden lograrse si se ofrece a las personas presas educación, salud, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia apropiadas que brinden herramientas para lograr su reinserción en la sociedad tras su puesta en libertad.
En su comunicado, los presos manifestaron sentirse discriminados, y aseguraron que en muchos casos son obligados a profesar una religión o ideología política distinta a la que profesaban en sus países de origen. Cabe destacar que esta situación se repite en todos los penales que controla el Ministerio de Servicios Penitenciarios, al mando de Iris Varela, pues el OVP ha recibido un sinfín de denuncias sobre que los presos son obligados a practicar Orden Cerrado con consignas alusivas al Gobierno nacional.
De igual manera, aseguraron que la educación que reciben dentro del penal, o quizás algún trabajo que puedan ejecutar, no son adecuados para garantizar su reinserción en la sociedad, así como tampoco reciben un tratamiento individualizado de acuerdo a sus necesidades y experiencias.
Los reclusos también manifestaron que dentro de este penal no hay categorías que valgan, los privados de libertad por delitos menores son tratados igual o peor que los de alta peligrosidad, pues en algunos casos éstos últimos tienen todos los beneficios que el dinero puede comprar.
Las condiciones de hacinamiento son iguales a las del resto de los penales, pues los presos aseguran que las celdas no tienen ventilación, así como tampoco tienen las condiciones adecuadas para su rutina de higiene personal. Incluso, aseguraron que las instalaciones de las duchas no fueron terminadas y casi nunca hay agua, lo que también interfiere con la limpieza del resto de los espacios.
En una muestra de lo que ellos consideran discriminación y segregación, los reclusos relataron que en varias oportunidades han salido uniformados para realizar labores de limpieza en las áreas exteriores, por lo que además se han sentido humillados al ser señalados e incluso insultados por las personas que transitan por el lugar. En cuanto a dichos uniformes, agregaron que no tienen suficiente cantidad y en las condiciones en que sobreviven se les hace muy difícil mantener esta ropa limpia.
Las almohadas y los colchones que les suministraron son de la peor calidad, el agua potable que les dan es de dudosa procedencia (incluso la filtran antes de beberla), la enfermería no tiene medicamentos para atender a un enfermo de VIH y otros varios con tuberculosis, por lo que los presos temen una epidemia letal dentro del penal. Tampoco hay un transporte adecuado para trasladar a enfermos o heridos en caso de emergencia.
Asimismo, denunciaron que las requisas son ejecutadas en un ambiente de hostilidad, donde abundan los malos tratos y la arbitrariedad. En cuanto al contacto con sus familiares, los presos solo tienen derecho a una llamada de cinco minutos, una vez a la semana; además de que no tienen permiso para visitas familiares o conyugal, ni envío de correspondencia.
Según los denunciantes, tampoco reciben orientación psicológica para ayudarlos en su reinserción a la sociedad. “Nos sentimos vil y salvajemente pisoteados por un Gobierno que practica la mentira y la hipocresía. Un Gobierno que proclama su sistema penitenciario como humanitario, cuando realmente es inhumano al quitarnos todo contacto con el mundo externo, con nuestras familias. Este es un sistema que, en vez de crear al hombre nuevo, solo está creando monstruos llenos de resentimiento e impotencia”, sentenciaron los presos en su comunicado.
Añadieron que “si antes nos sentíamos mal por estar privados de libertad, ahora ya hemos perdido hasta nuestra dignidad como seres humanos. Hemos sido sometidos al abandono y la desidia, tanto así que muchos han pensado en suicidarse, incluso hemos notado el comportamiento extraño de los que están aislados desde hace más de un mes. Hasta los animales tiene derecho a ser visitados en sus jaulas ¿Por qué nosotros no?, puntualizaron.
Al respecto, Prado enfatizó que “el Gobierno venezolano trata muy mal a los presos extranjeros, irrespetando al ser humano y arrancándole sus derechos. El problema no es la cantidad de presos, el verdadero problema es tener unas autoridades que no asumen sus errores, o su falta de capacidad para atender las necesidades del sistema penitenciario, y se niegan a escuchar las recomendaciones de expertos, como efectivamente lo ha hecho con el OVP. Están acostumbradas al maltrato y creen que tratar a los internos como seres humanos es un privilegio”.
Por último, Prado enfatizó que al preguntar sobre la identidad del director del anexo, le respondieron que se trataba de Julio César Pérez, quien aparentemente es el mismo que estuvo detenido por la situación irregular que se presentó en noviembre del 2014 en la Cárcel de Uribana, en el cual fallecieron más de 40 presos. Según fuentes extraoficiales, Pérez resultó detenido por el Sebin y permanece privado de libertad en la sede regional del Cicpc; mientras que en las próximas horas sería presentado en el Tribunal Cuarto de Control.
“Informaremos a las embajadas de manera que ellos alcen la voz en contra de esta situación deplorable, ya que tienen como mandato que deben asistir a sus presos”, puntualizó el director del OVP.
“La civilizacion de un país se conoce no por el trato que brinda a sus ciudadanos más ilustres, sino el dispensado a los más pobres” Nelson Mandela
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
