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Observatorio Venezolano de Prisiones: Situación de presos en centros policiales se deterioró en 2015

 

 

Humberto Prado, Daniela reverón y Mariana Romero, voceros del Observatorio Venezolano de Prisiones
Humberto Prado, Daniela Reverón y Mariana Romero, voceros del Observatorio Venezolano de Prisiones

A pesar de haber menos reclusos muertos en las cárceles, hay más hechos de violencia en los centros policiales de detención, lo que evidencia que la crisis pasó de las manos del Estado a gobernaciones, alcaldías y policías nacionales.

Caracas.-  “Durante el año 2015 en los centros policiales del país se produjo una huelga con cocimiento de las bocas, una huelga de sangre, cinco huelgas de hambre, cinco secuestros de funcionarios, cinco enfrentamientos, 12 motines, 14 intentos de fuga, 15 fugas exitosas en 42 centros de reclusión temporal de los cuerpos de seguridad que dejaron como resultado 171 reclusos fugados, 72 heridos y 14 muertos”.

Estas cifras son parte del balance de la situación carcelaria correspondiente al año 2015 presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que refleja como conclusión principal que la situación de hacinamiento y violencia tiende a agravarse en los centros policiales.

Humberto Prado, director del OVP, destaca que la situación de hacinamiento en que se encuentran los centros de detención preventiva de las distintas policías, mientras que cárceles como la de ha Tocorón superado el 750%, este último centro estaba diseñado para una población de 750 personas y hoy en día tiene una población de ocho mil reclusos, hacinamiento que es consecuencia de la eliminación de otras cárceles del país.

Esto ha ocasionado una visión alterada de la realidad penitenciaria, “ya que se atomizó el problema, y a pesar de que hay datos que apuntan hacia la reducción del número de muertes violentas en las cárceles de 309 en el año 2014 a 191 en 2015, esto no quiere decir que la violencia en las cárceles bajó, “se pasó la papa caliente a otras manos, en ese mismo período aumentó notablemente la violencia en los centros de detención preventiva administrados por las policías municipales, regionales o nacionales”.

Prado asegura que en 2015 comenzamos a detectar una situación que se convirtió en tendencia durante todo el año y fue la violencia en los centros policiales de detención preventiva que donde antes no ocurrían estos hechos.

“Al traspasarse el problema de la administración de las cárceles y su eliminación paulatina, la violencia de las cárceles fue transferida a las comisarías que hoy en día sufren hechos de violencia que no se veían desde hacía años, como la muerte de ocho reclusos carbonizados en Carúpano, o el asesinato de tres funcionarios policiales en una fuga, por citar sólo dos casos ocurridos en los últimos 15 días”.

En su balance del año 2015 el OVP acusa fuertemente al Ministerio de Servicio Penitenciario de la situación que se presenta, “administran  38 cárceles, pero hay más de 50 mil presos que no son atendidos por ellos, vemos casos como los ocurridos en Uribana y en Fénix, en el estado Lara, donde los reclusos pedían ser atendidos por la ministra y llegaron a secuestrar a varios funcionarios, hasta matar a uno de ellos con una granada y ni eso hizo que la ministra se acercara a tratar el tema, y lo más grave es que las funcionarias que fueron secuestradas, son objeto de una investigación hoy en día, pasaron de ser rehenes de los presos a ser víctimas de un sistema represivo”.

Prado señaló que entre 1999 y el 2015 se sumaron seis mil 663 muertes en las  cárceles venezolanas, entre julio de 2011 y diciembre de 2015, tiempo de existencia del actual ministerio, bajo el mando la ministra Varela, dos mil 160 reclusos han perecido”.

Criticó además los montos irrisorios que son presupuestados para gastos de los internos, como por ejemplo que se espera que se pueda alimentar a la población penitenciaria con 11 bolívares por recluso, “con eso no se acercan a las 2.600 calorías mínimas requeridas”.

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.