Presas de Uribana son aisladas como castigo

“Ayúdennos no nos dejen solas” así gritan seis internas a través de tres huequitos que se ven en una de las paredes del anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria mejor conocido como Uribana, ubicado al norte de Barquisimeto, estado Lara.

A través de esos gritos el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)   pudo conocer su situación, las internas quienes sacan sus manos y ondean prendas de vestir para que sepan donde están, los tres huecos que se observan en la pared son el único contacto con el exterior, describen que son seis mujeres y están “castigadas” en un cuarto de aislamiento en donde llevan dos meses. “Es oscuro, no nos pasan agua, si la pasan es sucia y no nos sacan a tomar sol, nos tienen encerradas, las necesidades las debemos hacer aquí mismo donde dormimos” llegaron allí algunas por haber contestado a una custodia, a la directora o porque simplemente les consiguieron alguna carta que para las autoridades del Ministerio de Asuntos Penitenciarios pudiera ser comprometedora, algunas con denuncias de la situación que allí viven.

Representantes de OVP presente en el lugar observaron que mientras las internas hablaban, las custodias las mandaban a hacer silencio y hasta se burlaban de lo que decían funcionarios del Ministerio comenzaron comunicarse por radio al notar afuera del penal la presencia de medios de comunicación, alertaron a dos Guardias Nacionales quienes simplemente se asomaron y gritaron a los periodistas y a la representante de OVP que se retiraran.

Mientras OVP estaba en las afueras de las instalaciones de Uribana se comenzaron a escuchar gritos de parte de un grupo de mujeres alzadas, posterior a ello salieron esposadas un grupo de 11 reclusas, custodiadas por las funcionarias del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC)  a ellas las conducían hacia un segundo galpón ubicado por la parte de atrás del penal conocido como “Rodeito”, allí minutos antes habían trasladado a un grupo de otras 30 reclusas quienes se habían alzado contra la directora Yoelina Giménez, a quien denunciaron de insultarlas, castigarlas con maltratos físicos y la gota que derramó el vaso para las detenidas y el cual fue el detonante de su motín en horas de la mañana del lunes 13 de agosto fue que se redujo el horario de visita.

Las internas de Uribana recibían su visita de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero sin previo aviso pretendió ser disminuida en dos bloques que va desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, este fin de semana cuando llegaron a recibir la visita pretendieron sacar los familiares antes de tiempo y eso causó malestar entre las internas quienes aprovecharon cuando el lunes la directora del anexo femenino de Uribana entró y se lo reclamaron, se conoció que intentaron secuestrarla y fue por ello que el primer grupo fue sacado.

Se hablaba de un total de 41 privadas de libertad encerradas en dicho galpón a quienes amenazaban con ser trasladadas y que se escuchaban gritar que las estaban maltratando, los familiares de algunas de las presas comenzaron a llegar, lloraban e indicaban que no era justo, “desde que llegó esa directora a este penal a ellas se le violan sus Derechos Humanos, a cada rato quieren estar pegándole y encerrándolas” denunció una madre quien lloraba de la angustia.

Las presas que estaban en el área de aislamiento también denunciaron que no respetan la privacidad de ninguna de las detenidas allí recluidas, aseguraron que cuando ellas estaban desnudas hasta los custodios tenían acceso al anexo, piden la destitución de la directora de Uribana y que sus derechos sean respetados.

Madres, hermanas y amigos allí presentes indicaron que una vez se retiraron los medios de comunicación y representantes de OVP, los Guardias Nacionales salieron para ingresar a un grupo de al menos siete personas que permanecían afuera del penal les exigieron las cédulas de identidad, solo tomaron sus datos y antes de ser retirados les informaron que tenían la visita suspendida.

En Fénix

La Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, ubica a unos metros de la cárcel de Uribana, no escapa de dichos maltratos, familiares de las 220 privadas de libertad que allí se encuentran recluidas denuncian ante OVP que también las funcionarias del Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC) las maltratan físicamente, aseguran las madres que golpean a las mujeres.

“Esta semana un grupo de 50 mujeres no recibieron visita, estaban castigadas simplemente por reclamar sus derechos”, recalcó una de las madres de las afectadas.

Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, expresó que estos maltratos y violación flagrante de los Derechos Humanos no pueden seguir cometiéndose en cada uno de los centros penitenciarios del país, recordó que Uribana desde el 2 de febrero del 2007 goza de medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual está vigente y aunque el penal fue desalojado y reinaugurado su medida permanece, en ella se expresa que  “las medidas provisionales que sean necesarias y efectivas para evitar la pérdida de vidas y los daños a la integridad física, psíquica y moral de todas las personas que se encuentran privadas de libertad en la Cárcel de Uribana, de las personas que puedan ingresar en el futuro en calidad de internos al centro penitenciario, así como de quienes allí laboran y de quienes ingresen en calidad de visitantes”.

Es por ello que desde OVP se le notificará al relator de personas de detenidas en las Américas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de toda la situación que están viviendo las detenidas en Uribana y así mismo se le hará saber la situación en la cárcel de Fénix Lara, se le exigirá mediante un escrito a la Fiscalía General de la República que se haga una investigación en los penales larenses.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Fotos: Cortesía Jesús Hernández/Diario La Prensa

OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.