Defensores de derechos humanos en riesgo
En países subdesarrollados como Venezuela resulta frecuente el uso indebido del derecho penal por parte del Estado para criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos, con la finalidad de interferir en su trabajo de defensa y menospreciar el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.
Desde el año 2002 hasta la fecha, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y otras organizaciones no gubernamentales, han documentado los principales actos de hostigamiento en contra de los defensores de los derechos humanos, quienes en innumerable cantidad de oportunidades han denunciado el agravamiento y deterioro progresivo de sus garantías constitucionales.
En un informe sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos, la CIDH manifiesta que “estos procesos por lo general inician mediante la interposición de denuncias infundadas o denuncias basadas en tipos penales no conformes con el principio de legalidad, o en tipos penales que no cumplen con los estándares interamericanos. Los tipos penales frecuentemente se encuentran vinculados a conductas punibles como la inducción a la rebelión, terrorismo, sabotaje, apología del delito y ataque o resistencia a la autoridad pública, y tienden a ser aplicados de forma arbitraria por las autoridades”.
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