Los privados de libertad forman parte de los grupos vulnerables en muchos países de Latinoamérica, pero esto parece importarle poco al Estado venezolano, el cual no garantiza la alimentación, salud ni seguridad dentro de los recintos penitenciarios.
Durante el año 2020 en las cárceles venezolanas existía una población reclusa de 37.543, lo que para el primer trimestre del 2021 se redujo a 37.517 y para el segundo trimestre se encuentra en 34.971 (32.644 hombres y 2.327 mujeres). Esto representa una reducción del 14,7 %, aunque esto no ha minimizado las alarmantes cifras de hacinamiento.
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que el 56 % de la población penitenciaria está en calidad de procesados y 44 % son penados. “Un procesado es una persona que no tiene una pena, que no se sabe si es inocente, pueden pasar años y ¿si resulta que es inocente? ¿Quién le paga todos esos años tras las rejas?. Tenemos casos que han pasado más tiempo en prisión que la pena que les dan, son dramas humanos que también suceden en otros países, pero nos tiene que llamar la atención porque son violaciones de derechos humanos”.
“Antes éramos famosos por la violencia y ahora fueron superados por la desnutrición y no es un antojo del Observatorio es que en las cárceles hay tuberculosis, una enfermedad erradicada porque es de fácil detección y tiene tratamiento. En los centros de reclusión deben tener tratamiento y esto no está pasando; en nuestras cárceles tenemos personas detenidas desnutridas y vulnerables a cualquier enfermedad”, comenta Girón.
En ese sentido, aseguró que la situación en materia penitenciaria en el país va empeorando, pues el Estado no garantiza las condiciones mínimas de reclusión como lo son el agua y la comida, trayendo como consecuencia la muerte de presos por hambre. “Es algo inédito porque en ningún país un preso muere de hambre, ni siquiera en África”, sentenció.
“Antes éramos famosos por la violencia, pero ahora esta situación fue superada por la desnutrición. No es un antojo del Observatorio, es que en las cárceles hay tuberculosis, una enfermedad erradicada porque es de fácil detección y tiene tratamiento. En los centros de reclusión deben tener tratamiento y esto no está pasando; en nuestras cárceles tenemos personas detenidas desnutridas y vulnerables a cualquier enfermedad”, añadió Girón.
Asimismo señaló que cinco recintos penitenciarios presentan el mayor número de población en el país, las cuales son:
- Internado Judicial de Tocuyito en el estado Carabobo: 4.401 presos
- Internado Judicial de Anzoátegui (Puente Ayala): 3.023 presos
- Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón): 2.884 presos
- Centro Penitenciario Fénix con su anexo femenino (Lara): 2.004 presos
- Centro Penitenciario Región Oriental y su anexo femenino (La Pica – Monagas): 1.784 presos
Este 2021 no es diferente a lo que el OVP registró durante el 2020, pues durante el primer semestre en cárceles y calabozos se registraron un total de 223 fugas, 5 huelgas de hambre y una población reclusa de 1.457 que participó en ellas. También se registraron 16 motines.
De la misma forma se registraron 170 fallecidos y 87 heridos dentro de cárceles y centros de detención. Del total de estas muertes, 123 fueron asociadas a condición de salud, 72% de ellas asociadas a la tuberculosis y desnutrición.
En tanto, se reportaron 47 muertes por otras causas, algunas en hechos violentos.
Durante el monitoreo realizado por OVP solo en cárceles, durante el primer semestre de 2021 se registraron 22 fugas, una huelga de hambre en la que participaron 618 privados de libertad, y 4 motines.
En cuanto a los fallecimientos en las cárceles, las enfermedades y el hambre continúan siendo la principal causa de muerte. Durante los seis primeros meses del 2021 fallecieron 93 personas, de las cuales 69 murieron por condición de salud, lo que representa el 74% de los decesos, mientras que 39 resultaron heridas.
Los estados con mayor cantidad de fallecidos son Lara con 26 muertos, Anzoátegui con 23 y Guárico con 13.
Liberaciones
Desde el mes de enero, en las cárceles se llevaron a cabo planes Cayapa, lo que conllevó a la liberación de varios privados de libertad; mientras que en el mes de junio se implementó la llamada Revolución Judicial, que tuvo como principal punto los centros de detención del país para su congestionamiento: sin embargo, estos planes también fueron realizados en penales.
Según un contraste realizado con las cifras oficiales y con las recabadas por OVP, desde el mes de enero hasta el 28 de septiembre se han liberado a 7.126 privados de libertad de cárceles y calabozos.
En cifras oficiales dadas del 1 de enero al 1 de julio, fueron 3.466 los presos liberados; mientras que desde el 1ero de julio hasta el 28 de septiembre el OVP tiene un registro de 3.660 libertades.
Para la directora de OVP, las medidas que han realizado para otorgar libertades a los presos han sido un fracaso, pues primeramente usaron la modalidad de régimen de confianza otorgados por el Ministerio Penitenciario y fueron muchos los excarcelados que por un orden de un tribunal terminaron presos nuevamente porque no era una libertad constitucional.
Ahora a través de la llamada Revolución Judicial se pretendió descongestionar los calabozos sin tomar en cuenta que las cárceles están abarrotadas, llenaron de esperanzas a muchos reclusos que aún continúan esperando.
Para culminar, Girón recalcó que en las cárceles en Venezuela los reclusos no tienen acceso a la comida, el agua y la medicina, violentando así los derechos humanos. “No se trata de privilegios, se trata de condiciones mínimas para vivir”, puntualizó.
OVPFOROCIFRAS(1ERSEMESTRE2021)
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
