Con el sonido de dos helicópteros sobrevolando la zona, amanecieron los presos del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana, y de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara. El ruido también despertó a los habitantes de la parroquia Tamaca, al norte de Barquisimeto, en el estado Lara.
Simultáneamente, el lugar se llenó de vehículos militares y policiales: tanquetas, camiones y autobuses repletos de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad, como la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). El despliegue masivo marcó el inicio de una operación de gran envergadura en ambos centros penitenciarios.
Ambos penales fueron tomados por completo, a lo largo de kilómetro y medio se dispusieron al menos cuatro alcabalas, se restringió en su totalidad el paso vehicular y parcialmente el peatonal.
El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo confirmar que la toma empezó en el penal de Uribana, a las 6:15 de la mañana, donde al menos 1.744 privados de libertad fueron sacados de sus módulos y llevados al área conocida como “El Campito” para ejecutar una exhaustiva requisa. La misma operación fue efectuada en la cárcel de Fénix, donde la población penal es de al menos 2.400 presos.
La movilización masiva de efectivos y vehículos generó incertidumbre entre los familiares de los internos, quienes se acercaron a los penales en busca de información. Sin embargo, los funcionarios apostados en las alcabalas les ordenaron retirarse y se negaron a ofrecer detalles sobre lo que estaba ocurriendo. La falta de información oficial aumentó la preocupación y el desconcierto entre los allegados.
Mientras se realizaban las requisas, comenzó a llegar un lote de autobuses Encava, que se estacionaron en las afueras del penal Fénix Lara. Se contabilizaron al menos once vehículos, lo que incrementó la angustia de los familiares, temerosos de que se estuvieran organizando traslados.
“Tuve a mi hijo más de cinco años en El Dorado, y cuando al fin lo regresan a Lara, ahora lo quieren trasladar de nuevo. No aguanto otro traslado. Es mucho sufrimiento cuando están en otro estado, porque muchas veces no conseguimos pasajes para viajar, y ellos quedan a la deriva, sin recibir visitas”, expresó una madre angustiada.
Entre los familiares también se encontraban mujeres de la tercera edad, sentadas en las inmediaciones, esperando noticias y rezando para que los traslados no se llevaran a cabo. “A los guaros no los quieren en ningún penal. Esperamos que no se los lleven”, comentaban con preocupación, mientras intentaban mantener la esperanza.
Al final de la tarde de este viernes 29 de noviembre, familiares reportaron que al menos siete autobuses salieron con personas a bordo, y algunos detenidos se asomaron para sacar sus manos. Sin embargo, se desconoce el destino al que están siendo trasladados.
Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) consideramos inhumano que, durante operativos de esta magnitud, no exista un protocolo claro para brindar información y atención oportuna a los familiares de los privados de libertad. La falta de comunicación los mantiene en un estado constante de angustia, sin saber nada sobre las condiciones físicas de sus seres queridos, especialmente en penales con numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.
La opacidad informativa por parte del Estado sigue siendo alarmante. Horas después de la toma de dos penales importantes en Lara y a una semana de un operativo similar en El Rodeo, estado Miranda, no se ha ofrecido ninguna información transparente sobre lo sucedido.
Denuncias de extorsión dentro de los penales
Nuestra organización también ha recibido reportes de que desde el interior de ambos centros penitenciarios continúan registrándose un número significativo de llamadas extorsivas, así como la ejecución de otros delitos.
Desde el OVP no nos oponemos a las requisas y revisiones minuciosas, necesarias para garantizar el control dentro de los penales. Sin embargo, exigimos que estos procedimientos se lleven a cabo respetando la integridad y los derechos humanos de cada recluso. Además, una vez finalizados, es imperativo que se informe a los familiares sobre lo sucedido.
Por último, consideramos fundamental que el Ministerio para el Servicio Penitenciario presente ante la Asamblea Nacional un protocolo o reglamento específico para regular las inspecciones, revisiones y requisas en los establecimientos carcelarios. Este instrumento debe abordar cinco puntos clave: el establecimiento en sí, la población reclusa, los funcionarios penitenciarios, los familiares de los reclusos y la Guardia Nacional.
Actualmente, el Código Orgánico Penitenciario (COPE) establece de manera muy general la normativa sobre las requisas personales, pero en la práctica, lo dispuesto en el artículo 96 no se cumple de forma efectiva. Por ello, es necesario contar con un instrumento normativo claro y detallado que garantice la correcta aplicación de estos procedimientos y promueva la dignidad y el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.