La crisis del Sistema Eléctrico Nacional ha recrudecido en los últimos dos meses en los estados Aragua, Carabobo y Lara, donde los racionamientos se han extendido en bloques que van desde las cuatro hasta las ocho horas diarias, repitiéndose en ocasiones hasta dos veces en una misma jornada. Aunque la precariedad del servicio afecta a toda la colectividad, el impacto es devastador para la población más vulnerable: los privados de libertad recluidos en calabozos policiales.
Para un preso que se encuentra recluido en un centro de detención preventiva, la falta de luz no es solo una incomodidad, es un factor de tortura indirecta. En celdas donde la ocupación supera las 50 personas, la temperatura sube rápidamente.
El impacto psicológico de la oscuridad total es otro agravante. Durante las ocho horas de racionamiento, los internos quedan en una penumbra que dispara los niveles de ansiedad y desesperación. Al no haber luz, la vigilancia se complica y las tensiones internas aumentan, incrementando el riesgo de riñas en espacios donde los detenidos deben dormir de pie, sentados o guindando de los barrotes en unas especies de hamacas que suelen realizar con sábanas.
Los internos relatan que, ante las altas temperaturas y la nula circulación de aire, “las paredes de los calabozos sudán”. En la mayoría de los casos, la única fuente de oxígeno es una puerta abierta, lo que resulta insuficiente para grupos tan numerosos.
“Cuando tienes a estas personas en espacios tan reducidos, el calor aumenta exponencialmente. No tienen movilidad a espacios abiertos y pasan las 24 horas sometidos al encierro total”, denuncian familiares al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Hacinamiento crítico
En estos calabozos policiales el hacinamiento ha pasado de ser una irregularidad administrativa a una crisis permanente. Espacios diseñados para una permanencia máxima de 48 horas, se han transformado en cárceles donde los detenidos pasan años. La falta de infraestructura adecuada y la negatividad de recibir los detenidos en los penales ha obligado a los funcionarios a habilitar antiguas oficinas y transformarlas, posteriormente son convertirlas en celdas.
La realidad dentro de estos retenes es asfixiante. Celdas con capacidad para no más de 10 personas albergan actualmente entre 30 y 50 privados de libertad. Esta sobrepoblación obliga a los detenidos a turnarse para descansar:
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Muchos deben dormir de pie o sentados por falta de espacio en el piso.
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Otros optan por colgar sábanas de los barrotes para improvisar especies de hamacas, aprovechando la altura de los techos para ganar centímetros de movilidad.
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Existen sedes policiales que, distribuidas en varias celdas, superan los 300 y 400 presos, conviviendo en condiciones de hacinamiento crítico.
A toda esta problemática que existe en los calabozos policiales se suma el acceso limitado al agua potable, lo que potencia la propagación de enfermedades de la piel y respiratorias.
Es por ello que desde OVP denunciamos que la combinación de falta de luz, sin ventilación y hacinamiento crítico convierte a los calabozos de la región central y occidental en caldos de cultivos para la propagación de enfermedades y donde día a día se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de los reclusos y observamos con preocupación que no existe voluntad por parte del régimen de corregir está situación.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Foto: Archivo
