Seis organizaciones de la sociedad civil cubana denunciaron hoy un aumento de la “represión” del Gobierno de la isla contra los activistas y periodistas independientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una audiencia pública en Washington, expusieron que la violencia contra los críticos al Gobierno ha crecido en los últimos meses, así como las citaciones policiales como forma de amenaza y el uso de niños como “contramanifestantes” por parte del Estado.
También relataron agresiones a periodistas, bloqueo de organizaciones en Internet, actos vandálicos en viviendas, detenciones temporales, y la negativa del Estado a investigar estos hechos.
Este fue el panorama que dibujaron representantes de Centro Cubalex, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Arco Progresista, Hablemos Press, Damas de Blanco y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.
“Solicitamos a la Comisión que se pronuncie públicamente sobre estos hechos, que invite a Cuba a reintegrarse en el Sistema Interamericano y que inste a Cuba a revisar sus marcos jurídicos para el derecho a la libertad de expresión y asociación”, señaló Leticia Ramos, representante de las Damas de Blanco.
Los activistas y defensores de derechos humanos también solicitaron a la Comisión tomar medidas “para prevenir y reducir los riesgos” que enfrentan, y que incluyan sus denuncias en el capítulo IV de su informe anual, la llamada “lista negra” en el respeto a derechos humanos en la que Cuba aparece siempre.
La relatora para Cuba Esmeralda Arosemena reiteró el llamado de la CIDH a que se reintegre en el Sistema Interamericano “de manera completa” para poder dialogar sobre la situación de derechos humanos en el país.
El Gobierno cubano dejó hoy una vez más vacíos los asientos del Estado en la audiencia, en la que solo participaron las organizaciones de la sociedad civil como peticionarios y los comisionados.
Cuba es el único país del continente que no participa en la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que en 2009 se levantó la suspensión de 1962, emitida tras el triunfo de la revolución de Fidel Castro.
Los cubanos llevan así medio siglo en una suerte de limbo dentro del organismo continental ya que, pese a la negativa del Gobierno a reintegrarse, la CIDH -órgano autónomo de la OEA- atiende y denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla.
La filosofía detrás de esta situación es que la suspensión de Cuba se entendió como un castigo al Gobierno pero no a sus ciudadanos, que pueden acudir a la Comisión para denunciar las violaciones de derechos humanos.
En la audiencia de hoy, los comisionados preguntaron a las organizaciones su opinión sobre la afirmación del presidente cubano, Raúl Castro, de que no hay presos políticos en la isla durante una conferencia de prensa en La Habana en el marco de la reciente visita de su homólogo estadounidense, Barack Obama.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció que en Cuba “no hay un estándar que pueda decidir quién es preso político” y estimó que existen alrededor de 115.
“Nos llevan a prisión y nos fabrican causas comunes. A las Damas de Blanco nos detienen por un corto plazo, unas horas, solo por ejercer la libertad de manifestación pacífica”, relató.
Según la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, solo en los dos primeros meses de este año se produjeron al menos 2.555 arrestos políticos, aunque la mayoría de esas detenciones dura solo unas horas.
