El agua potable es un servicio con el que los presos del Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, y la Comunidad Penitenciaria de Fénix Lara no cuentan en este momento. El suministro es a través de cisternas, las cuales según denunciaron familiares y los mismos reclusos están pagando a precio de dólar.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha recibido una serie de denuncias provenientes de esos penales, donde el recluso que quiera obtener al menos un tobo de agua debe cancelar 100 mil bolívares. El pago lo hacen a través de pago móvil, cuyos datos reciben a través de una llamada o un mensaje de texto.
Las cisternas son adquiridas por los privados de libertad y suelen costar entre 40 y 50 dólares, mientras que en la calle tienen un valor de 20 y 30 dólares.
Una vez que el preso pague por su agua, será él mismo quien se encargue de administrarla porque está es utilizada para su consumo, aseo personal y lavar la ropa.
Cabe destacar que la entrada de cisternas no es constante, pues no todos tienen la posibilidad de pagar por este servicio que les debería garantizar el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
En ese sentido, la población de estos recintos puede permanecer hasta 15 días sin el vital líquido. Entre los dos penales y los anexos de mujeres son más de 5 mil presos afectados.
Otra de las denuncias graves que hicieron los presos de la cárcel de Uribana es que están pagando por sus alimentos. A diario les dan una panqueca, bien sea de desayuno o cena; mientras que de almuerzo reciben arroz sin ningún tipo de acompañante o un caldo de pasta.
Al parecer, los funcionarios que trabajan en el economato venden un tobo con comida, que puede alcanzar para unas 25 personas, con un costo de entre 1.500.000 a 1.800.000 bolívares. Asimismo, les brindan la opción de cancelar 300.000 bolívares por una tasa con comida y el menú suele ser arroz con cerdo o pollo, y pasta con granos.
Aunado al hacinamiento y la desidia reinante en estos internados judiciales, los presos presuntamente también tienen que pagar una “causa” de 200.000 bolívares porque de lo contrario serían confinados en un galpón, donde no tienen acceso a baños y en ocasiones no les suministran alimentos.
Los familiares aseguraron que estas denuncias han sido expuestas ante las autoridades en diversas ocasiones, pero han sido completamente ignoradas.
Carolina Girón, directora del OVP, resaltó que estas denuncias son bastante graves, por lo que instó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a investigar a profundidad las acusaciones y velar por los derechos humanos de los reclusos severamente afectados por esta situación.
Falleció un recluso en Barquisimeto
Por otra parte, a las 3:00 de la tarde del domingo 26 de abril, falleció en la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, estado Lara, un recluso identificado como Víctor José Ochoa Camacaro, de 25 años de edad.
Según conoció el equipo del OVP, el joven estaba detenido en la Comandancia General de la Policía del estado Lara, mejor conocida como la 30, desde el 14 de febrero del 2017.
El 23 de abril fue trasladado hasta el centro de salud porque estaba deshidratado y presentaba fuerte dolor abdominal, vómito y fiebre. Así se mantuvo durante tres días hasta que lamentablemente falleció a consecuencia de un paro respiratorio.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
