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Jóvenes infractores también son condenados al olvido por el Estado venezolano 

Luego del motín registrado el pasado lunes 25 de enero en el centro de internamiento femenino “La Esperanza”, ubicado en el municipio Naguanagua, estado Carabobo, hasta la fecha las autoridades del gobierno regional, órgano del cual dependen, no han emitido información sobre las causas que originaron la protesta ni los daños que ocasionaron.

Como se recordará, en horas de la noche de ese día, unas 15 adolescentes con responsabilidad penal que están recluidas en este centro quemaron colchonetas, y desde la azotea lanzaron piedras a los efectivos policiales y bomberos que se acercaron para sofocar el incendio, mientras gritaban que las estaban «matando de hambre».

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones en Carabobo pudo constatar que la infraestructura del centro se encuentra en deplorable estado, pues a pesar de estar ubicada al lado de la avenida Universidad, principal arteria vial del municipio, pasa desapercibida por la cantidad de monte que hay a su alrededor.

El albergue La Esperanza funciona en unas instalaciones que datan del año 50 y está adyacente a los albergues “Dr. Alberto Ravell” para jóvenes infractores en proceso de juicio; “Dr. Ángel Oropeza” que alberga a adolescentes con condena pero no han cumplido aún los 18 años de edad; y el Semi Libertad, que en total suman una población de más de 500 niños, niñas y adolescentes infractores. Todos dependen de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Popular de la gobernación de Carabobo.

Pocos trabajadores

Fuentes cercanas a estos establecimientos indicaron que desde el inicio de la pandemia por el Covid-19, los trabajadores han dejado de asistir poco a poco a sus labores diarias. “El sueldo no les alcanza ni para pagar pasajes, en consecuencia, las jóvenes que antes realizaban distintas labores y recibían cursos de peluquería y manicura, consultas psicológicas y eran atendidos en jornadas médicas especiales, ahora prácticamente están solas o con muy poca custodia”, señalaron.

La falta de personal también ha favorecido las fugas registradas en el albergue Dr. Alberto Ravell. El año pasado, específicamente el 27 de abril, se produjo una fuga de 7 adolescentes, de los cuales uno fue abatido días después en un operativo realizado por la Policía de Carabobo en el municipio Libertador.

Protestar es lo que les queda

 Al parecer la protesta es la mejor herramienta que tienen los jóvenes infractores para llamar la atención de la situación que viven en su internamiento. En el centro “Dr. Alberto Ravell”, por lo menos dos protestas anuales se han registrado durante los últimos cuatro años. El motivo siempre es el mismo, reclamar mejor atención y comida. El último motín registrado en ese centro fue en agosto de 2020, cuando los adolescentes protestaron porque los custodios no les dejaron entrar la comida que traían sus familiares.

Lo lamentable es que la entrega de alimentos para quienes están allí recluidos, que debe ser regular, es decir semanal, quincenal o mensual, es muy esporádico, tal como se evidencia en las notas de prensa emanadas de la gobernación de Carabobo, donde anuncian como un gran logro lo que debe ser el trabajo de todos los días.

Familiares de los jóvenes indicaron que algunos directores en varias ocasiones han tenido que salir a la calle en procura de donaciones para medio cumplir con los tres platos de comida para la población adolescente recluida allí, lo que refleja que tampoco los niños, niñas y adolescentes infractores son prioridad para el Estado.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.