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Los presos políticos de El Rodeo II no tienen acceso a agua, comida ni medicinas

El Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en el estado Miranda, no escapa a la crisis penitenciaria que atraviesan las cárceles del país, la cual ha sido caracterizada por un alto índice de hacinamiento, déficit alimentario, escasez de agua potable y nulo acceso a asistencia médica.

Todas y cada una de estas situaciones afectan a los presos políticos que se encuentran en El Rodeo, tema que fue tratado este miércoles en un foro virtual organizado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y en el que participaron Carolina Girón, directora de la ONG; los periodistas Vladimir Villegas y Luis Carlos Parada; y familiares de tres presos políticos venezolanos.

En ese sentido, Girón recordó que desde el pasado 30 de agosto, los privados de libertad por motivos políticos fueron sometidos particularmente a una serie de violaciones de derechos humanos, tales como la suspensión de la visita que fue reanudada este martes como respuesta a las denuncias que se han hecho desde la organización.

Con respecto a la situación de los presos políticos venezolanos, el periodista Vladimir Villegas señaló: “La sociedad parece haberse desensibilizado ante el tema. Ya no es noticia lo que le pase a un preso político, pero nuestro trabajo como periodistas es no permitir que esta situación quede en silencio”.

Asimismo, añadió: “Los familiares de presos políticos deben bajar la cabeza para poder ver a sus seres queridos y el meollo del asunto es la ausencia de independencia de Poderes. Vemos cómo se utiliza la justicia para criminalizar la protesta”.

Por su parte, el periodista Luis Carlos Parada sentenció: “El trabajo del periodista es darle voz a los familiares. Me he acercado a varios familiares y muchos de ellos han sido olvidados, juicios paralizados, por eso el periodismo debe ser un puente entre ellos y la realidad, es poder ponerse en sus zapatos”.

En tanto, agregó: “Se trata de dar a conocer su historia, gracias a las familias de todos estos presos que nos ayudan a relatar los que han tenido que pasar, esto ayuda para pasar la información a las organizaciones internacionales. El tema de los presos políticos es un tema que no debemos silenciar”.

En otro orden de ideas tomó la palabra Sugled Gasparini, representante de Familia SOS Libertad, quien enfatizó que se continúan violando los DDHH de la población penitenciaria en Venezuela. “No es un secreto que la mayoría de los presos políticos han sido privados sin órdenes judiciales, han sido víctimas de torturas y vulneración constante de sus derechos humanos. Cómo familiares tememos por la integridad física. Todos sabemos que están privados de agua, alimentos y medicinas.

“Las cosas se agravan porque los privados de libertad están expuestos a diversas patologías por las torturas de las que constantemente son víctimas. Hemos puesto denuncias en la Fiscalía y no hay repuestas de nada”.

De igual manera, Yurayma Carapaica y Antonio Garcés, padres de Marco Antonio Garcés, denunciaron una vez más que su único hijo fue puesto tras las rejas de manera arbitraria sin pruebas en su contra, solo por el hecho de haber tenido de compañero de viaje a un ciudadano estadounidense.

“Nuestro hijo ha recibido demasiados golpes. Marco Antonio presenta muchos problemas de salud por la alimentación: diarreas, fiebre, pérdida de peso, así como también ansiedad y depresión”, puntualizaron los afligidos padres.

Por último, tomó la palabra Yulayca Briceño, hermana del preso político Larry Briceño, quien relató: “Mi hermano estuvo cuatro años en Ramo Verde y desde enero está en El Rodeo II. Desde entonces no lo hemos podido visitar, porque vivimos lejos. Es una lamentable situación que afecta a todos los presos venezolanos y sus familiares”.

Sin agua, comida ni medicinas

En torno a la situación general de este recinto penitenciario, Carolina Girón destacó que la cantidad de alimentos dados a los presos no se ajustan con la ingesta calórica de 2000 a 2500 kcal diarias. El menú ofrecido no es variado y no contiene proteínas, consistiendo únicamente en una arepa en la mañana, arroz y frijoles, para almuerzo y cena, nada más.

Con respecto a la frecuencia de entrega de esta comida, debe señalarse que es dada a destiempo y en terribles condiciones, esto a su vez porque la comida debe ser preparada en El Rodeo III desde un día antes.

En tanto, el suministro de agua potable es escaso, se les ofrece un solo tobo de agua para sus necesidades y bañarse, por lo que los presos deben ingeniárselas para sobrevivir, como, por ejemplo, recogiendo agua de lluvia.

Indudablemente, todas las condiciones de hacinamiento, racionamiento de agua, ausencia de agua e insalubridad coadyuvan a la gesta y proliferación de enfermedades, tales como la tuberculosis, la escabiosis y amibiasis.

Desde hace varios meses, los familiares han denunciado que en El Rodeo II las personas privadas de libertad se han descompensado por el hambre y que continúan llegando a enfermería en deplorable estado de salud.

De igual forma, Girón recordó la enorme cantidad de privados de libertad que aún se encuentran tras las rejas, incluso contando con una orden judicial de libertad. Esta situación vulnera de manera flagrante lo previsto en el artículo 44 de la Carta Magna en el que se establece que ninguna persona podrá estar privada de libertad contando con una orden de excarcelación.

Es de resaltar además que, desde el 8 de febrero de 2008, esta cárcel cuenta con medidas provisionales otorgadas por la Corte IDH, las cuales son vulneradas por el Estado venezolano que no cumple con sus obligaciones asumidas internacionalmente.

Recordemos que el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, está en posición de garante frente a los derechos de los detenidos, incluyendo que puedan vivir en condiciones compatibles con su dignidad y que su vida e integridad se encuentren salvaguardadas.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.