En Venezuela el que es privado de libertad está sometido a múltiples abusos, injusticias, vulneración de derechos y, de manera sistemática, sus procesos judiciales dependen de la cantidad de dinero que puedan pagar los familiares, mientras que el contexto en el que fueron privados de libertad también incide en el tiempo de reclusión.
A puertas de los distintos calabozos policiales y centros de detención preventiva en Caracas, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pudo conocer de voz de familiares de privados de libertad que cuando son detenidos por causas de drogas es muy difícil que se cumplan traslados o juicios en tiempos correspondientes, muchas veces nunca se dan.
Muchos de los privados de libertad por tenencia de drogas quedan presuntamente en un “limbo jurídico”, porque continúan tras las rejas sin audiencia y en muchos casos no son trasladados.
“Mi hijo tiene dos años preso aquí (Comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta). Desde entonces no le han hecho audiencias, no le han permitido traslados y me piden siempre dinero para todo”, comentó la madre de un privado de libertad en los calabozos de “Zona 7”.
Asimismo el equipo del OVP obtuvo testimonios de casos en el CICPC de El Llanito en los que los reclusos son víctimas de abusos policiales al momento de ser detenidos por presunta tenencia de drogas, al tiempo que familiares son presuntamente extorsionados y una vez tras las rejas las tarifas son más altas.
“Desde que mi hijo está preso no le han permitido ningún beneficio, me están pidiendo mucho dinero en dólares para trasladarlo, pero yo no tengo. Mi hijo está preso injustamente, él lo que tiene son 20 años, si él realmente vendiera droga tendríamos para pagarle a los agentes para que por lo menos le hagan sus audiencias y demostrar que él es inocente, pero no tenemos cómo”, aseguró una madre en la cola para entregar paquetería en el recinto policial.
La mayoría de los familiares con los que conversó el OVP denunciaron que al estar sus hijos presos por motivos de drogas, son víctimas de falta de proporcionalidad en condenas, procesos, beneficios, pagos extras por visitas, comidas o “beneficios”.
Cómo debería funcionar la ley
La proporcionalidad es uno de los principios fundamentales del Estado de derecho para proteger a las personas de tratos crueles e inhumanos. El principio está establecido en acuerdos internacionales y regionales sobre derechos humanos, y muchos países han adoptado observaciones al respecto en su Constitución o código penal. Venezuela es uno de ellos.
El principal requisito de la proporcionalidad es que los derechos y las libertades de una persona nunca se pueden limitar y no debe ser necesario para lograr un objetivo. El respetar los derechos de un privado no debe depender de su motivo de reclusión.
Extorsionar a familiares para que se dé el proceso legal correspondiente y no velar por la integridad del privado de libertad, cual sea su causa, es incurrir en tratos crueles e inhumanos, recordando también que toda base de los derechos es su progresividad, como organismos del Estado deben hacer lo que corresponda para lograr su pleno cumplimiento, pero procediendo lo más expedita y eficazmente posible.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
