Robert Alexis Bolívar Galán, de 30 años de edad, boxeador, atleta de alto rendimiento y padre de una niña de 3 años, resultó detenido cuando pesaba 98 kilos, pero este 1 abril murió con tan solo 56 kilos y una fatídica enfermedad en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Maturín, estado Monagas.
Tras su audiencia de presentación, Robert Alexis fue liberado porque no había suficientes pruebas para inculparlo, pero el 26 de agosto de 2022 resultó aprehendido nuevamente y presentado ante la justicia.
Ese mismo día Robert admitió los hechos porque la abogada pública le recomendó hacerlo. “En un juicio te van a dar 17 años”, le dijo la jurista en aquella oportunidad para obligarlo a desistir de su defensa como persona inocente.
Robert fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión, pero en vez de ser trasladado a un recinto penitenciario como lo establece la ley, fue ingresado a una celda de 10×5 metros junto a otros 276 detenidos en la sede del CICPC en Maturín.
En esas oscuras y frías celdas, los presos deben turnarse para dormir un par de horas cada uno. Aunque a veces ni siquiera pueden descansar porque se sienten asfixiados por el hedor que emana del baño compartido, y que deben soportar incluso cuando comen.
Los padres de Robert relataron al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que ellos nunca abandonaron a su hijo y todos los días le llevaban comida. Podían verlo cada 15 días durante 5 minutos, suficientes para observar cómo estaba sufriendo.
Libis Galán, madre del boxeador fallecido, vivió su peor pesadilla en carne propia. Veía a su hijo consumirse con el tiempo y, aunque pensó que nada podía ser peor, en diciembre del 2022 lo vio derrumbarse ante una terrible enfermedad.
Robert comenzó a presentar picos de fiebre muy alta que sobrepasaba los 40 grados. Las medicinas tampoco contrarrestaban los síntomas, por lo que desde ese mismo mes solicitó un permiso al Tribunal de Ejecución 2 para llevarlo a una revisión médica. Nunca recibieron respuesta.
Los primeros días de enero del 2023, los padres lograron trasladar a una enfermera hasta el CICPC, quien le tomó muestras de sangre para realizarle varios análisis. Asimismo, los familiares le tomaron la muestra para la prueba de esputo, porque ya tenían conocimiento de que había varios presos enfermos en esos calabozos.
El resultado salió positivo para tuberculosis. Con estos análisis en mano, los familiares acudieron a tribunales para pedir una autorización de traslado para otra revisión médica, la cual finalmente fue aprobada.
En ese momento, el médico forense indicó repetir la prueba de esputo en un centro de salud público, así como la revisión de un neumólogo y una radiografía de tórax.
Los padres del boxeador no paraban de hacer diligencias, pues observaban como su hijo se iba deteriorando físicamente. Una vez que se corroboró el diagnóstico, desde el área de epidemiología del estado Monagas le suministraron el tratamiento para la tuberculosis.
En ese sentido, la señora Libis relató a OVP con mucho dolor que este tratamiento no le cayó bien a su hijo, lo hacía vomitar en repetidas oportunidades, perdió el apetito y le bajaron las defensas.
Al mismo tiempo, el médico forense ordenó que Robert permaneciera en un ambiente adecuado con acompañamiento de un familiar. Es por esta razón que los familiares solicitaron una medida de casa por cárcel porque con el tratamiento adecuado el joven tenía más oportunidades de vivir.
“La jueza solo decía que estaba bien, que él no tenía nada”, comentó la madre, quien también recordó que el joven boxeador fue trasladado en distintas ocasiones a un centro asistencial donde solo lo hidrataban, le inyectaban un Diclofenac y lo mandaban de vuelta a los calabozos.
“Nunca lo dejaron hospitalizado por ser un preso”, sentenció. Por si fuera poco todo lo que estaba viviendo, los reclusos del CICPC comenzaron a rechazar a Robert, a causa de los constantes vómitos, e incluso amenazaron con asesinarlo.
En la delegación del CICPC, en la que solo hay un calabozo, optaron por esposarlo en un pasillo a la intemperie, donde había corrientes de aire y no tenía acceso a un baño. Hacía sus necesidades cada tres días en un pote de plástico.
“Llevamos al menos 10 escritos a la jueza. Mi hijo le escribió una carta contando todo, yo le escribí, los abogados públicos hicieron las peticiones y hasta el comisario de esa delegación, al darse cuenta que mi hijo podía morir, le mandó fotos y videos de su estado. Ella decía que todo era mentira, que él estaba bien. La jueza le negó el derecho a la salud y a la vida a mi hijo, ella lo condenó a morir”, sentenció la madre de Robert.
El 28 de abril, con 42 kilos menos de los que había ingresado tan solo meses atrás, el joven fue trasladado hasta el Hospital Dr. Manuel Núñez Tovar de Maturín.
Tenía las plaquetas en 43 y la hemoglobina en 4. La madre aseguró que tuvo un cuadro de pancitopenia y, según le explicaron los médicos, el número de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre, era más bajo de lo normal.
“Nosotros como padres hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero Robert murió a las 2:00 de la tarde del 1 de abril. No pudo luchar más”, manifestó su madre.
En otro orden de ideas, Libis relató a OVP que el 2 de abril cuando lo fueron a enterrar pasaron por los tribunales del estado Monagas, en donde se detuvieron con el féretro de su hijo y protestaron durante al menos cinco minutos. Los afligidos familiares culpan a la jueza segunda de ejecución por el lamentable deceso.
Asimismo, aseguró que el presidente del Circuito Judicial vio de lejos toda la protesta y ordenó a los alguaciles que los desalojaran.
Para concluir, los padres del boxeador claman por una investigación sobre la muerte de su hijo, a quien consideran una víctima del colapso penitenciario en Venezuela. Así como también piden atención médica urgente para los otros presos enfermos dentro de los calabozos del CICPC en Maturín, quienes no reciben atención médica y mucho menos medidas humanitarias.
