Constantes son las denuncias que llegan al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sobre las libertades otorgadas a través de los tribunales y que finalmente no son ejecutadas.
Los familiares, quienes son los que se encargan de estar al pendiente del estatus de las personas privadas de libertad en los tribunales, saben cuándo se emite una boleta de excarcelación y lo primero que hacen es avisar que llegó la libertad y hasta se trasladan hasta el recinto carcelario.
En ese sentido, explicaron al equipo del OVP que aunque llegan con esperanza de buscar y recibir a su ser querido, siempre se devuelven a sus hogares desilusionados; y es que desde hace más de dos años las libertades no se materializan de forma inmediata porque los directores de los penales argumentan que es el Ministerio del Servicio Penitenciario quien tiene que validar y posteriormente liberar al recluso.
Paralelamente, los presos son trasladados hacia otra celda de aislamiento, en la que supuestamente pretenden proteger al recluso de que no le pase nada. Sin embargo, OVP ha registrado casos en los que reclusos han muerto en estás celdas de confinamiento, tras no prestarle una atención médica .
Es de resaltar que la validación de esa boleta de libertad se puede hacer entre cinco minutos y máximo dos horas a través de una llamada telefónica. Pero OVP ha documentado casos en donde una persona puede durar hasta más de un año esperando esa supuesta “verificación de la boleta”.
Esta medida adoptada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios no hace más que colocar trabas para las excarcelaciones de los privados de libertad y pasa a ser una especie de alcabala, pues se trata de un filtro arbitrario para decidir quién sale o no, aun cuando un juez es quien tiene esa potestad.
Los abogados del equipo del OVP explicaron que esta orden por parte del Ministerio de Servicio Penitenciario es violatoria a las leyes venezolanas, pues simplemente al no cumplir con una orden de un tribunal se convierte en un desacato judicial y los jueces, al tener conocimiento que esto, están obligados a iniciar el procedimiento por desacato judicial que un principio se hace un llamado de cortesía y, en caso de no cumplirse, se hace por la vía forzosa, en la que puede acarrear cárcel para los funcionarios que lo incumplan.
Desde OVP hacemos un llamado al Ministerio de Servicio Penitenciario a que simplemente cumpla con las leyes.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
