El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) participó este viernes 14 de julio en el 187 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se disertó sobre la agravada situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ privadas de libertad en Venezuela.
Tal como denuncia OVP con frecuencia, la población privada de libertad en Venezuela padece los estragos de un sistema penitenciario en ruinas, producto de un abandono sostenido y una crisis estructural fortalecida en el tiempo.
Dentro de las cárceles venezolanas, sobreviven bajo un inminente riesgo hacia su vida e integridad personal, a razón de la inmersiva crisis evidenciada en un sistema colapsado por los elevados índices de hacinamiento, retardo procesal, violaciones al debido proceso, proliferación de enfermedades como la tuberculosis, falta de medicamentos y atención médica, alimentación inadecuada o simplemente inexistente.
Asimismo, prolifera la violencia intracarcelaria, fortalecimiento de bandas delictivas dentro de los recintos carcelarios, falta de capacitación del personal, ocio, ausencia de programas de reinserción social, y continuos actos de corrupción que van de la mano de los mismos funcionarios y de un grupo de personas en prisión, los pranes, entre otros tantos.
Carolina Girón, directora adjunta del OVP, explicó que la situación es realmente preocupante cuando involucra a grupos vulnerables como las mujeres y personas LGTBIQ+, pues si bien padecen los mismos problemas que el resto de la población, el impacto en ellos es mucho mayor: no se desarrollan políticas públicas efectivas, no hay personal capacitado ni la intención de capacitarlo, las prisiones no cuentan con infraestructuras óptimas y adaptadas a sus necesidades, así como tampoco hay áreas establecidas por diferenciación de género.
En ese sentido, estas personas privadas de libertad son expuestas a a situaciones de peligro, rechazo, estigmas, discriminación y al no cumplimiento de la finalidad de la pena privativa de libertad, su reinserción social, como un factor positivo para su entorno, toda vez que tampoco se aplican programas de formación o de trabajo.
De esta forma, resaltó que los centros carcelarios venezolanos no proporcionan condiciones dignas de reclusión y mucho menos cumplen con los parámetros básicos establecidos en los estándares internacionales en la materia, lo que indudablemente representa un mayor riesgo para las poblaciones vulnerables dentro de las cárceles: mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+.
En otro orden de ideas, es necesario afirmar que en la legislación venezolana no existen leyes especiales que protejan y reconozcan los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, únicamente la Constitución de Venezuela establece los principios básicos de igualdad y no discriminación.
A pesar de que la Carta Magna venezolana reconoce la progresividad de los derechos humanos, no se ha dado el hecho de la promulgación de leyes que reconozcan derechos de este grupo, tales como la identidad de género, orientación sexual, matrimonio igualitario, entre otros.
En tanto, la ausencia de leyes especiales y, en definitiva, la falta de voluntad política y legislativa para proteger y reconocer los derechos de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad, ha traído como consecuencia situaciones que perpetúan escenarios discriminatorios, de violencia y de maltrato, que inician desde la libertad, pero se acrecientan en la situación de reclusión.
En ese sentido, el mismo Estado, a través de sus actuaciones y omisiones, ha acentuado las brechas y obstaculizado los avances en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+ privadas de libertad, las desatenciones a sus necesidades específicas dificultan el efectivo respeto de los derechos humanos y la creación de condiciones dignas de reclusión.
Opacidad de información oficial
Desde OVP se ha denunciado constantemente la ausencia que existe en todo el país sobre un registro oficial de la población reclusa, por lo que tampoco existe el registro de la cantidad de personas LGBTIQ+.
La última cifra de manera extraoficial obtenida proviene de un artículo del medio de comunicación Efecto Cocuyo, la cual se remonta al año 2019, y en el cual se refieren a un total de 1912.
En conclusión y en virtud de lo expuesto en la audiencia de la CIDH, al equipo del OVP le preocupa el hecho de que esta opacidad contribuye en gran medida a que las personas LGTBIQ+ privadas de libertad en el país continúen siendo objeto de invisibilización, así como tampoco se llevan a cabo las acciones necesarias y pertinentes para la solución de los problemas expuestos, ni se permite que las organizaciones de la sociedad civil ejerzan su rol de contraloría.
Víctimas de tortura
Conforme a denuncias recibidas por el OVP sobre la situación de las LGTBIQ+ privadas de libertad, los espacios en los que permanecen los hombres gays son usados como celdas de castigos para los reclusos heterosexuales cuando hacen algo catalogado como “mal” o que les molesta a los funcionarios, ya que es una forma en la que se “mancha la rutina” de un privado de libertad que se considera “malandro”.
Enviar a ese recluso a una celda con personas LGBTIQ+ es considerado un castigo para que los otros presos los golpeen o los rechacen al salir de estas celdas.
También se indicó que las mujeres y los hombres gays son obligados a tener relaciones sexuales con otros presos y custodios, al punto de ser catalogados como una “prostitución carcelaria de las personas LGBTIQ+”. La gravedad de ello radica en la exposición a contraer y propagar infecciones de transmisión sexual.
Además, la fuerte estigmatización y discriminación que sufren las personas LGBTIQ+ ha llevado a que el personal de custodia los “utiliza” para que cumplan funciones que ellos catalogan de manera despectiva como la limpieza y lavado de ropa.
Ve la audiencia completa en este enlace Venezuela: derechos humanos de personas LGBTIQ+ privadas de libertad
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
