Más de 40 detenidos de Anti Extorsión y Secuestro del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en El Hatillo, estado Miranda, se encuentran confinados en una sola celda.
En la entrada principal del calabozo soldaron una puerta de metal, según presuntas órdenes de uno de los jefes policiales, dejando el pequeño espacio sin la única entrada de aire fresco que tenía.
Según detallaron algunos familiares al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los hombres y mujeres que se encuentran detenidos en este centro policial son constantemente maltratados.
En horas de la mañana del pasado miércoles 1 de abril, los reclusos salieron de la celda porque presuntamente les brindarían atención médica, pero solamente fueron afeitados, incluyendo a las mujeres. Asimismo, les dieron una arepa para comer mientras fumigaban el calabozo.
Los seres queridos de los presos aseguraron que tres de los reclusos fueron fotografiados mientras los vacunaban, pero el resto de la población penal no recibió asistencia sanitaria.
También aseguraron que siete de los detenidos fueron trasladados a otra celda, solo aquellos que tienen problemas respiratorios o de edad avanzada.
“Eso quiere decir que ellos están conscientes del daño que les están haciendo. Se sabe perfectamente que ellos han cometido errores en la vida, pero no son animales, son seres humanos que merecen una oportunidad”, manifestó uno de los familiares muy preocupado por la situación porque se ven obligados a dormir de pie o en hamacas improvisadas y la primera noche en el calabozo con poco aire, al menos tres reclusos se desmayaron, algunos vomitaron e incluso hubo un hombre que convulsionó.
Aunado a la evidente violación de sus derechos humanos, solo 10 de los 40 reclusos reciben alimentos, pues son los únicos que tienen acceso a la paquetería que les llevan sus familiares.
A pesar de que algunos familiares entregan estos alimentos a primera hora de la mañana, no es hasta las 5:00 de la tarde que los privados de libertad los reciben. En muchos casos la comida se descompone.
Carolina Girón, directora del OVP, se mostró sumamente preocupada por esta situación, pues insiste en que la población penitenciaria es la más vulnerable ante la contingencia por el avance del Covid-19 en nuestro país.
“No han adoptado las políticas correctas para atender a esta población que es la más vulnerable. En los centros de detención del país, aunque están permitiendo el pase de alimentos, son pocos los familiares que pueden acudir por la movilidad reducida a consecuencia de la cuarentena nacional. Ninguno de estos presos se encuentra en instalaciones adecuadas, el hacinamiento en cada puesto policial es alarmante”, destacó.
Una vez más la directora del OVP hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público para que se aboquen a la defensa de los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela, a modo de evitar otros daños colaterales como la fuga de 17 reclusos en la subdelegación del Cicpc en San Juan en Barquisimeto estado Lara y otros 4 en la Policía del estado Anzoátegui.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
