Noticias

Tras 15 años de dolor y persistencia, CorteIDH responsabilizó al Estado por la muerte de cinco jóvenes en el INAM de Bolívar

El 30 de junio del 2005 José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, murieron en un incendio en en el Centro de Tratamiento y Diagnóstico “Monseñor Juan José Bernal” adscrito al Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM) en San Félix, estado Bolívar.

Desde el momento que ocurrieron los hechos el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se dedicó a investigar el hecho, para que los familiares de los cinco adolescentes fallecidos obtuvieran justicia.

José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yáñez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristián Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, murieron a causa de asfixia mecánica, sofocación, quemadura en 90% de su cuerpo, según explicó Luis Manuel Guevara, coordinador del OVP en el estado Bolívar.

“De allí el OVP comenzó una lucha con los familiares, quienes al principio no creían en el trabajo que veníamos haciendo, con el tiempo se dieron cuenta que el trabajo era realizado con transparencia, seriedad y sobre todo con mucha responsabilidad”, expresó Guevara, quien además manifestó que hoy han transcurrido más de 15 años de lo ocurrido y tan solo existió la imputación en el momento del director del INAM, Nerio Antonio Moreno, los guías José Luis Chirinos, Francisco Javier Gómez y también se encontraba para ese momento la auxiliar de servicio, Brígida Hurtado.

Tras la lucha incansable del equipo del OVP, en ese momento y durante muchos años dirigido por su fundador Humberto Prado, se logró el acto de acusación a los imputados pero a la fecha no existe una sentencia firme, mucho menos una fecha para la continuación de un juicio.

De igual manera, el abogado y coordinador del estado Bolívar aseguró que el expediente del caso de los cinco adolescentes fallecidos en el INAM de San Félix fue pasado a un tribunal en funciones de juicio itinerante y como consecuencia de la pandemia por COVID-19 estos tribunales cesaron sus funciones en el estado Bolívar. “En los actuales momentos no posee juez, no tiene un tribunal que lleve a cabo el presente juicio, nosotros de alguna manera vamos a buscar la forma de que este expediente sea redistribuido al tribunal de origen en este caso al Tribunal 5to de Juicio,  para que se le dé continuidad al proceso judicial de Venezuela”.

Venezuela es responsable por la muerte de los cinco jóvenes

En otro orden de ideas, Guevara lamentó que en Venezuela aún estas familias no hayan podido conseguir justicia, pero se siente contento y satisfecho porque el viernes 11 de diciembre del 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) hizo justicia reconociendo la responsabilidad del Estado en el lamentable hecho.

Es un caso que ha llevado 15 años de lucha, pero que ahora se están viendo los frutos gracias a la valentía y persistencia de los familiares junto al equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones.

“Esperemos que este caso sea una lección para el Estado, para los familiares y para todo el sistema de justicia, para que sean garantizados los derechos de todas las personas privadas de libertad en Venezuela tanto hombres, mujeres y adolescentes”, puntualizó Luis Manuel Guevara.

Por su parte Carolina Girón, directora general del OVP, agregó que en Venezuela el caso del INAM de San Félix tuvo 60 diferimientos, no existe un juicio y “aunque hubo imputados hasta allí llegó”.

La abogada y defensora de derechos humanos detalló que el caso fue elevado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual efectuó un informe de fondo y posteriormente fue admitido por la CorteIDH. “Hemos estado durante todos estos años junto con la comisión que es parte actora en el juicio, llevando toda la sustanciación del juicio ante la Corte IDH”.

Girón también agradeció la colaboración de dos bufetes pro bonos, Cyrus R. Vance Center y White&Case, “quienes fueron nuestros colaboradores en todo este largo trajinar ante la CorteIDH”.

Asimismo, la directora del OVP confesó que la audiencia oral y pública de este juicio que estaba prevista para el mes de diciembre fue suspendida ante la declaración de pandemia por el COVID-19, pero la Corte aceptó por primera vez escuchar a los familiares de las víctimas de forma virtual, la abuela y una hermana de los fallecidos fueron las encargadas de hablar ante los 13 jueces.

Estado ausente ante el dolor de las víctimas

La directora del OVP también aclaró que durante el juicio el Estado no se hizo presente en ninguno de los actos y no quisieron escuchar a las víctimas. Aunque se hicieron responsables del hecho, no reconocen ningún tipo de reparación.

“Seguiremos litigando a los fines de que no solamente sea aceptar su responsabilidad en los hechos, sino que hay reparaciones que hacer y hay cosas que el Estado tiene que hacer y para ello son responsables”, sentenció Girón.

En tanto, indicó que en el pronunciamiento unánime la Corte determinó que:

  1. El Estado debe impulsar, continuar y concluir las investigaciones y los  procesos judiciales necesarios para determinar y, en su caso, juzgar y sancionar a las personas responsables de las muertes y lesiones ocasionadas a personas privadas de libertad en el INAM San Félix a partir del incendio ocurrido el 30 de junio del 2005, tal como lo especifica en la sentencia.

  2. El Estado debe realizar las actuaciones necesarias para, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas y/o disciplinarias correspondientes.

  3. El Estado debe  brindar tratamiento psiquiátrico o psicológico a los familiares de las víctimas fallecidas que así lo requieran.

  4. El Estado debe realizar la publicación de esta Sentencia en la Gaceta Oficial tanto el resumen como su texto íntegro de esta sentencia y debe implementar un protocolo para las situaciones de incendio o emergencia en los centros de privación de libertad de adolescentes.

En ese sentido, Girón explicó que el Estado violó la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que es el derecho a la vida y el derecho a la integridad personal y también las Reglas de Beijing con respecto a lo que son los protocolos de los adolescentes en detención.

Por otra parte, manifestó que en sus alegatos y contestaciones el Estado venezolano indica que sí se han adaptado todo, pero no prueban qué protocolos han adoptado para cambiar la situación de reclusión de los adolescentes en Venezuela.

Asimismo, lamentó que los venezolanos tengan que  buscar justicia en otra parte porque en Venezuela no la hay.

“Los familiares desde el viernes sienten la satisfacción de ver justicia, por supuesto esto no traerá a la vida a sus seres queridos, pero es una parte. Es una recompensa espiritual que tenemos todos y que en Venezuela esto no se debe repetir. No debe haber más muertes ni en los centros de reclusión de adultos, de mujeres, de adolescentes, ni en nuestro país”, concluyó Girón.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones