Siete autobuses custodiados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía regional del estado Yaracuy llegaron al estado Lara con un traslado de nuevos privados de libertad.
En el primer autobús descendieron seis mujeres que se encontraban recluidas en una comandancia de la Guardia Nacional, quienes fueron trasladadas al anexo femenino de Uribana. En los otros seis autobuses se distribuyeron 60 internos provenientes de la Comandancia General de la Policía de Yaracuy.
Durante esa misma semana, ya habían sido trasladados 63 reclusos desde la Policía Nacional Bolivariana, lo que suma un total de 126 hombres distribuidos en los dos centros penitenciarios del estado Lara: el Centro Penitenciario David Viloria, conocido como la cárcel de Uribana, y la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
Estos traslados deberían realizarse desde el momento en que el juez lo ordena. Sin embargo, ocurre lo contrario porque los privados de libertad permanecen durante años en calabozos policiales, donde no tienen acceso a estudios ni a trabajos que les permitan optar a beneficios de redención de pena.
Si bien el traslado a centros penitenciarios forma parte de lo establecido por la ley, en este caso existe una irregularidad porque los 129 privados de libertad fueron trasladados fuera del estado donde se encuentra el tribunal que lleva sus causas.
Según pudo conocer el equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la mayoría de los trasladados se encuentran en condición de procesados, lo que implica una posible interrupción de sus procesos judiciales. Desde los centros penitenciarios, la justificación para no realizar los traslados a tribunales en otros estados es la falta de vehículos, lo que se traduce en un incremento del retardo judicial.
“En el estado Yaracuy había un penal. Hace dos años y cinco meses, el Ministerio de Servicios Penitenciarios lo desalojó y cerró bajo la promesa de desarmar a la población reclusa, reestructurar el penal, realizar mejoras y reubicar a los internos en ese mismo estado. Sin embargo, esto no ocurrió”, explicó Humberto Prado, director del OVP.
En ese sentido, agregó que “este régimen ya lo ha hecho en varios estados, por ejemplo Apure, Portuguesa y Trujillo no cuentan con centros penitenciarios. Lo que hacen es trasladar el problema de una cárcel a otra, agravar el hacinamiento en penales que ya están sobrepoblados, aumentar el retardo judicial al no garantizar el traslado a tribunales y generar una carga adicional para las familias, que deben desplazarse de un estado a otro”.
Estos traslados masivos se realizan sin un plan de contingencia real y forman parte de una crisis penitenciaria que el Ministerio no ha logrado resolver en más de 14 años.
Preocupación entre familiares de los trasladados
Cuando los privados de libertad permanecían en calabozos policiales, sus familiares debían encargarse diariamente de llevarles alimentos y medicinas. Sin embargo, lejos de representar un alivio, estos traslados han generado mayor preocupación y angustia entre madres, esposas y hermanas de los internos trasladados a Lara.
“De este penal hay muchas denuncias sobre el trato a los presos. Sabemos que la alimentación es precaria y que no tienen acceso a agua potable. Ahora solo podremos visitarlos dos veces al mes y, por lo menos yo, no quiero que mi hijo se enferme o, en el peor de los casos, que me lo entreguen muerto, porque muchos han muerto de hambre o por falta de atención médica”, expresó una de las madres.
A esto se suma el impacto económico porque el traslado desde el estado Yaracuy hasta Lara tiene un costo aproximado de 10 dólares ida y vuelta. Una vez en el Terminal de Pasajeros de Lara, se deben gastar 6 dólares adicionales en transporte, lo que eleva el total a 16 dólares por visita, sin incluir alimentos ni insumos básicos.
Considerando que se realizan dos visitas mensuales y al menos tres entregas de paquetería (alimentos e insumos), las familias deben trasladarse al menos cinco veces al mes, lo que representa un gasto aproximado de 80 dólares solo en pasajes. Para los familiares de personas privadas de libertad, estos costos resultan difíciles de asumir.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
