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En quince días murieron cinco presos en cárceles de Lara 

Desde el 29 de mayo hasta el 14 de junio se reportó el deceso de cinco privados de libertad, cuatro de ellos por condiciones de salud y uno en un hecho de violencia. En tanto, cuatro de los casos se registraron en el Centro Penitenciario David Viloria, mejor conocido como Uribana, y uno en la Comunidad Penitenciaria Fénix, ambos ubicados al norte de Barquisimeto, estado Lara.

El equipo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) constató que además se han efectuado traslados de reclusos hasta el Hospital Central Antonio María Pineda, principal centro de salud del estado Lara, por diversas afecciones como dolores abdominales, tensión baja, glicemia alta y en su  mayoría con deshidratación, cuadros diarreicos y fiebre persistente.

Cinco reclusos fueron trasladados hasta el centro asistencial durante los últimos días de mayo, mientras que en lo que va del mes de junio han sido ingresados otros 26, para un total de 31 presos que además presentan cuadros severos de desnutrición. 27 de estos hombres son provenientes de la cárcel de Uribana y 3 de Fénix.

Según la información recabada por el OVP, las pocas porciones de alimentos que reciben los presos a diario han deteriorado profundamente su estado físico, aunado a su vulnerabilidad a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la cual fue la primera causa de muerte en las cárceles venezolanas en 2019.

De igual manera, se conoció que el galpón que era utilizado en Uribana para la visita de familiares fue destinado para albergar al menos a 120 reclusos, de distintas áreas del penal que son los que lamentablemente tienen un cuadro más grave de desnutrición.

“A los compañeros los pasaron para allá con la promesa de que les darían doble porción de comida, pero están iguales que nosotros, les dan de comer lo mismo y una sola vez al día. Nos están matando de hambre”, comentó un recluso, cuya identidad no fue revelada.

Según este mismo testimonio, a finales de mayo una alta funcionaria del Ministerio de Servicios Penitenciarios se trasladó hasta la entidad larense y, junto a personal de la Cruz Roja, constató las condiciones de los internos. Tras esta visita se ordenaron los traslados hasta el Hospital Central.

“Si esa gente de la Cruz Roja no viene aquí se mueren los compañeros. Cada vez que vienen ellos es que nosotros comemos bien”, son algunas de las aseveraciones que hacen los privados de libertad de Uribana.

Fallecidos por desnutrición 

La primera muerte por condición salud que se reportó el 29 de mayo fue la de Jesús Manuel Trujillo García, de 55 años de edad, quien padecía varias patologías como VIH y tuberculosis, sumado a un cuadro de desnutrición.

Aunque estaba penado, Jesús Manuel se encontraba en Uribana. Han pasado 19 días y su cadáver aún reposa en las cavas de la morgue de Barquisimeto, puesto que sus familiares son del estado Táchira y no han podido trasladarse hasta la región.

Ese mismo día Erasmo Jesús Gómez Rojas, de 19 años de edad y proveniente de la cárcel Fénix Lara, fue ingresado al hospital con un cuadro de desnutrición y deshidratación. Lamentablemente falleció a las 11:20 de la noche del 31 de mayo.

Mientras este joven estuvo recluido en el Hospital fueron los familiares de otros internos quienes vieron por él, debido a que era oriundo de Caracas y sus deudos no podían trasladarse a causa de la cuarentena obligatoria que rige en el país.

El tercer preso fallecido fue Bernal Pineda Belén, de 62 años de edad, quien fue trasladado desde Uribana el 4 de junio en compañía de cuatro presos. Todos presentaban cuadros diarreicos y fiebre.

El sexagenario no soportó el traslado y fue ingresado sin signos vitales al nosocomio. En tanto, los cuatro reos que lo acompañaban fueron evaluados y devueltos al penal, pero el 10 de junio ingresaron de nuevo al área de emergencias con la misma sintomatología.

En la lista de los quince reclusos trasladados desde Uribana hasta el Hospital en un solo día, se encontraba Jhonny Javier Bermúdez García, de 38 años de edad, quien estaba severamente desnutrido y fue uno de los tres hombres que quedaron hospitalizados por su grave estado de salud.

El 12 de junio le dio un paro respiratorio y falleció. Su cuerpo permanece en la medicatura forense, pues sus familiares no han acudido a reclamarlo.

Se quitó la vida por las deudas 

La última muerte fue la de Ramón Antonio Escalante Pérez, de 27 años de edad, quien estaba recluido en Uribana y su cadáver fue encontrado el 12 de junio dentro de una de las celdas.

Funcionarios del Eje de Homicidios del CICPC en Lara efectuaron el levantamiento del cadáver y se conoció que aparentemente se trató de un suicidio.

Por otra parte, sus compañeros relataron que Ramón Antonio se sentía muy preocupado porque debía mucho dinero, pues era de los presos que compraban comida diaria para sobrevivir.

Según lo denunciado al OVP, el costo de un plato de alimentos en Uribana oscila entre 600 mil y un millón de bolívares, dependiendo de menú, sumado al costo por agua potable y la “causa” semanal que presuntamente le pagan a los custodios.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones, hizo un llamado de atención a los organismos competentes en cuanto a lo que está sucediendo en éste penal larense, donde son constantes las denuncias por la venta de comida y agua, aunque es de conocimiento público que la población penitenciaria se encuentra bajo la responsabilidad del Estado.

“No se justifica que los presos estén desnutridos cuando el Estado indica que provee los alimentos”, manifestó Girón, al mismo tiempo que mostró su gran preocupación porque las muertes por condición salud se están incrementando en los penales venezolanos.

En este sentido, solicitó una investigación exhaustiva, oportuna y veraz en torno a estos casos y además clamó por atención médica para los reclusos enfermos.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

Nota: Las imágenes corresponden a dos de los fallecidos de Uribana

OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.